martes, 18 de noviembre de 2014

La democracia sobornada

Leyendo un artículo de Gabriel Albiac en ABC («La corrupción constituyente») sobre la división de poderes y la corrupción, me topé con una ingeniosa frase que define a la perfección la principal característica de cualquier democracia:
«La democracia se asienta sobre la desconfianza esencial que deriva de un principio básico: todo poder que no sea contrapesado tenderá a erigirse en absoluto».
Los tres poderes clásicos de la democracia
Inmediatamente, me asaltó una pregunta: ¿qué contrapeso hay hoy a esos poderes que ejercen su influencia (cada vez mayor) al margen de los tres poderes clásicos de la democracia? ¿Qué contrapeso puede ejercer cualquier democracia ante instituciones ajenas como el FMI, que no sólo influyen en ella, sino que incluso pueden ser capaces de hacerla irreconocible? ¿Qué contrapeso puede ejercer cualquier democracia ante esos intereses económicos -supranacionales o mucho más particulares- que tantas veces acaban por someterla? ¿No estaremos ya ante poderes erigidos en absolutos por no haber existido contrapesos que lo evitaran?

Uno de los principales fallos (y así lo argumenta también Gabriel Albiac) que se le achacan a la democracia española es el déficit de independencia del poder judicial respecto a los otros dos poderes; estaríamos así ante un fallo interno del propio sistema achacable a decisiones de los otros dos poderes. El fallo, por lo tanto, sería subsanable con otras decisiones en sentido contrario. Yendo a lo concreto, el fallo está, según estas teorías ampliamente aceptadas en determinados sectores, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985; la solución pasaría, por lo tanto, por una simple reforma legislativa.

Con esta simplificación del problema se matan dos pájaros de un tiro: los responsables de la corrupción española son los socialistas (así lo afirma rotundamente el propio Gabriel Albiac: «la fórmula de Montesquieu que tanto irritaba a los socialistas españoles de la transición» tuvo como consecuencia la promulgación de esa Ley Orgánica) y la solución la puede dar el propio sistema actual con una mínima modificación legislativa.

Sin restar importancia a una posible modificación de dicha Ley Orgánica que pudiera dar una mayor independencia al poder judicial (o, mejor dicho, a determinados órganos de dicho poder), no parece que la realidad confirme que la corrupción generalizada que vive nuestro país provenga de una deficiente configuración de ese pilar de la democracia; de hecho, es este poder el que está poniendo a los corruptos de los otros poderes en el lugar que les corresponde. O, lo que es lo mismo, el poder judicial sí cumple su función (controlar que los otros dos poderes se ajusten a la ley) cuando conoce los hechos; lo que sí confirma la realidad, en cambio, es que -además de otras cuestiones- el poder judicial tarda demasiado tiempo en conocer los hechos, y eso es algo que no va a arreglarse con una modificación -ni profunda ni superficial- de una Ley Orgánica.

De los tres poderes del Estado, el verdadero eslabón débil es el poder ejecutivo; no respecto a los otros dos poderes clásicos de la democracia, sino respecto a los poderes ajenos a la misma. Y ahí es donde reside el verdadero problema de la corrupción que está destruyendo al actual sistema democrático: el eslabón débil del sistema puede ejercer de contrapeso respecto a los otros dos poderes, pero ninguno de los tres tiene capacidad (no se le reconoce en la concepción clásica de la democracia) para contrapesar a poderes ajenos al propio sistema. Y la realidad nos demuestra que es ése (el poder ejecutivo, no el poder judicial) el que cede una y otra vez a los factores externos al sistema democrático.

Algunas democracias, tan representativas como la estadounidense (tan en boca de muchos como ejemplo de buen sistema democrático), han acabado por transigir ante esa debilidad y han legalizado e institucionalizado los sobornos empresariales a los poderes ejecutivo y legislativo bajo una definición amplia de la financiación de campañas electorales; lejos de impedir que los sistemas ajenos al democrático puedan manipular y tergiversar la esencia misma de la democracia (la voluntad del pueblo en contraposición a la voluntad de una oligarquía), la solución adoptada por algunas democracias ha sido, simplemente, publicar quién y cuánto ha sobornado a cada político en cada campaña electoral. Es decir: se ha optado por integrar dentro del sistema democrático a otros sistemas que no se rigen por las normas democráticas. En otras palabras: se han introducido agentes externos en un cuerpo sin que ambos sean compatibles entre sí; lo que vendría a ser un virus.

Actual correlación de poderes que influyen en el sistema democrático
Como decía, lo que la realidad nos está demostrando es que la corrupción se produce en la confluencia de dos sistemas que se rigen por normas totalmente distintas y, en muchas ocasiones, incompatibles entre sí; al menos en el ámbito nacional (referido al conjunto de las administraciones de nuestro propio país), son los partidos políticos -consciente o inconscientemente- los que facilitan la transmisión de conductas corruptas hacia los poderes ejecutivo y, en menor medida, legislativo.

La inmensa mayoría de las tramas de corrupción que han salido a la luz durante estos últimos años han utilizado este sistema para llegar al corazón mismo del poder ejecutivo de ámbito autonómico y nacional; en el ámbito local, en cambio, se han utilizado indistintamente tanto esta vía indirecta para acceder al poder ejecutivo (alcaldes y concejales) como la directa (sin pasar por los partidos políticos).

La rígida estructura de los partidos políticos españoles, que, seguramente por razones históricas, han buscado más la estabilidad interna que la transparencia y la apertura hacia el exterior, ha permitido grandes concentraciones de poder en grupos muy reducidos de personas, que por lo general ejercían (y ejercen todavía) ese poder tanto hacia dentro del partido como hacia fuera (los presidentes o los secretarios generales de PP y de PSOE, respectivamente, han sido habitualmente los candidatos a presidentes o a alcaldes de sus respectivos partidos); al tratarse de grupos tan reducidos, el trasiego de cargos con duplicidad de funciones (en los partidos y en los poderes ejecutivo y legislativo) ha permitido que lo que podrían haber sido -recordemos que la financiación ilegal de los partidos políticos no es ni tan siquiera delito en nuestro país- simples ilícitos económicos de ámbito privado (entre una empresa y otra entidad privada) han acabado deviniendo en auténticos saqueos de las arcas públicas.

La red Gürtel, por ejemplo, empezó organizando actos electorales para el Partido Popular valenciano y acabó recibiendo contratos públicos de la misma Generalitat Valenciana, ampliando sus tentáculos de corrupción hasta Madrid; eso no hubiese sido posible si las mismas personas que contrataron para el PP los servicios de las empresas de la red corrupta no hubiesen sido al mismo tiempo diputados en el Congreso o en las Cortes Valencianas o consejeros y altos cargos de la propia Generalitat.

Esa concentración de poder en grupos reducidos de personas se traduce, una vez iniciadas las prácticas ilícitas, en una traba a la hora de denunciar los hechos y que éstos lleguen al poder judicial; por un lado, los funcionarios que puedan intuir la comisión de cualquier delito prefieren mirar hacia otra parte y conocer cuanto menos mejor de los asuntos turbios de sus superiores, a quienes saben capaces, con la aquiescencia de buena parte de la sociedad -que se fía antes de los suyos que de un funcionario vividor-, de apartarles de su puesto o incluso de arruinarles la vida si ponen trabas a las actuaciones corruptas. Y, por otra parte, la prensa silenciosa, que ha entrado -por necesidades económicas- en un círculo vicioso que ha llevado a la profesión a ser una de las peor valoradas: los grandes financiadores de los partidos políticos son a su vez los grandes financiadores -a través de la publicidad, principalmente- de las editoriales periodísticas, y morder a quien te da de comer es poco recomendable. Yo mismo he sido testigo de los silencios cómplices de accidentes laborales con resultado de muerte en empresas que financian a radios y periódicos locales: aquel accidente laboral nunca ocurrió. Si incidentes de esta gravedad son ocultados por la prensa, qué no ocultarán los medios cuando conozcan de algún pequeño delito de corrupción en el que esté implicada una empresa que les financia o algún político con influencias sobre dicha empresa (y aquí habría que incluir también a los propios partidos políticos como financiadores: pensemos por un momento qué puede hacer un medio sin los recursos de la Cadena SER ante el boicot del propio Partido Popular tras destapar esa emisora de radio varios asuntos turbios de sus dirigentes).

Amordazados tanto el cuarto poder como la fiscalización de los empleados públicos (a quienes, además, se les quiere eliminar por completo esa función de fiscalización, sólo posible a través de su protección laboral frente a las arbitrariedades interesadas de sus jefes), el conocimiento de posibles delitos por parte del poder judicial se ralentiza considerablemente o, incluso, se anula por completo.

El sistema democrático clásico, como cualquier otro sistema, ha de tomar como base teórica un determinado estado de las cosas que le rodean y que puedan influir en él; llamémosle estado de reposo, estado perfecto o estado ideal. Los actores del sistema (como las partículas y las fuerzas en un sistema físico) interactúan con el sistema, cada cual empujando en una dirección; en ese sistema democrático perfecto, unos actores se anulan a otros, de forma que el resultado final siempre tiende hacia ese estado de reposo (el sistema se ha creado para que así sea). El problema surge cuando el sistema teórico y el sistema real discrepan: es necesario replantearse y mejorar el marco teórico para descubrir y corregir los desequilibrios o hay que aplicar medidas correctoras al sistema real para que vuelva hacia el estado de reposo que, según la teoría, lo hace estable.

El problema actual (y esto es algo normal en sistemas en los que existen factores -filias, fobias, prejuicios, simpatías, sentimientos...- que no pueden determinarse en la implementación teórica) es que las discrepancias entre el marco teórico y la realidad son cada vez más amplias: los sistemas de control y de contrapeso existentes en la teoría actual no parecen ser capaces de cerrar esa brecha que se ha abierto, al tiempo que desde dentro del propio sistema hay muchas reticencias para modificar el marco teórico.

Determinados factores externos al propio sistema democrático, que debían quedar integrados en el mismo según el marco teórico vigente, han conseguido escapar, al menos parcialmente (FMI, paraísos fiscales, globalización financiera...), a las reglas que rigen la democracia; lo que debería ser un subsistema o un subconjunto del sistema democrático ha conseguido -muchas veces con el beneplácito de éste- regirse en parte (una parte cada vez mayor) por otras reglas totalmente distintas, al tiempo que su interacción con la democracia se ha mantenido intacta. Podríamos hablar de la escisión de una parte del marco teórico (para crear otro independiente) que sigue interactuando con la realidad democrática, pero con sus propias reglas; un sistema, en definitiva, intrusivo, puesto que intenta modificar las estructuras internas de los sistemas democráticos para adaptarlas a su propio marco teórico (y éste, por supuesto, no puede ser modificado por ningún otro sistema).

Como decía, ese intrusismo ejercido por el sistema económico está utilizando intensivamente al eslabón débil del sistema democrático (el poder ejecutivo) para conseguir sus fines; la actuación de otro de los poderes (el judicial), pese a la parálisis del tercero (el legislativo, influenciado y anulado en exceso por el ejecutivo a través de los partidos políticos) y al secuestro del cuarto (los medios de comunicación, más interesados hoy en que funcione bien el sistema económico que en que éste se someta a reglas democráticas), será una condición necesaria, pero no suficiente, para corregir las impredecibles consecuencias de la actual corrosión de las estructuras del sistema democrático. Son urgentes (pese a los mensajes contrarios que se lanzan desde el poder ejecutivo y desde los partidos políticos con capacidad para implementarlas) medidas que contrarresten la corrosión interna que puede derrumbar todo el sistema democrático, que sometan a las mismas reglas a todos los actores que interactúan con los sistemas democráticos y, en definitiva, que puedan ejercer efectivamente de contrapeso a las intrusiones de sistemas que pretenden someter las teorías democráticas a las suyas propias.

Y el primer paso (necesario, pero tampoco suficiente) lo han de dar los propios partidos políticos. Deben someterse, sin excepciones, al escrutinio de la realidad y aceptar que sus estructuras deben cambiar radicalmente para no intoxicar al propio sistema. Deben iniciar, en primer lugar, una modificación de sus estructuras internas para hacerlas mucho más transparentes, de forma que sea perfectamente posible no sólo expulsar a quien colabora con la corrosión del sistema, sino también hacer extremadamente fácil la puesta a disposición del poder judicial de toda conducta sospechosa que pueda ser detectada en el seno del propio partido.

Debe cambiar también el concepto de político que hoy predomina en los principales partidos: nadie es imprescindible para llevar a cabo un proyecto político. La rotación de líderes debe entenderse como algo normal, y debería institucionalizarse a través de normas que obliguen a esa rotación para evitar la perpetuación en el poder de grupos reducidos de personas; lo que debería importar a un partido (y a sus líderes y candidatos) es la posibilidad de llevar a cabo un proyecto político (sea el que sea), no quién lo lleve a buen término.

Otra de las modificaciones urgentes que necesita el sistema es la implementación de un sistema electoral que descarte las actuales listas cerradas y bloqueadas, que hacen que el político se deba antes a unas siglas que a los ciudadanos que le han votado; aunque esa modificación no eliminaría la corrupción, sí evitaría que unos políticos taparan las corruptelas de otros por la sensación de pertenencia a un grupo cerrado. Si al cometer un acto de dudosa legalidad se deben dar las explicaciones a los votantes, y no a los aparatos de un partido, esas negativas a dimitir que tanto se dan hoy serían mucho más difíciles de justificar.

Y, por último, pero no por ello menos importante, es necesario implementar los contrapesos necesarios que hagan posible la democratización, o bien de los propios sistemas ajenos al democrático, o bien de la toma de decisiones respecto a asuntos que provienen de esos sistemas; es decir, que todo lo que provenga de sistemas que se rigen por reglas que escapan al sistema democrático debe ser democratizado. Que organismos ajenos al sistema democrático (FMI, mercados financieros desregulados...) tomen decisiones que afecten o puedan afectar directamente al propio sistema, sin que deban responder por dichas decisiones -tengan las consecuencias que tengan- ante nadie, tiene como principal consecuencia que el ciudadano-votante acabe teniendo la sensación (tan real como la que hemos vivido en España estos últimos años) de que votar a un partido político que transige ante estos poderes descontrolados no sirve de nada. Y eso tiene consecuencias gravísimas para el sistema democrático, pues acaba convirtiéndose en una falacia teórica que nada tiene que ver con su aplicación en la vida real.

En definitiva, es urgente y necesario evitar que las injerencias de sistemas externos, regidos por otras reglas completamente distintas -y hasta opuestas- a las del sistema democrático, acaben por convertir la soberanía de las urnas en una simple distracción del pueblo soberano, mientras las decisiones que afectan a ese pueblo se toman en función de la capacidad de soborno -o incluso de extorsión- que puedan tener agentes ajenos a la propia democracia.

domingo, 14 de septiembre de 2014

Llibres de text a preu d'iPhone

M'agrada la tecnologia i la utilitzo intensivament tant a la meua feina com en els meus assumptes personals, però no ens enganyem: estar a la última en tecnologia és car. Caríssim. Per això la majoria ens resignem a buscar alternatives més barates, però que es pareguen el màxim possible a les novetats tecnològiques que apareixen cada mes, cada setmana o cada dia. Un iPhone, per exemple, val la meitat del meu sou mensual; gastar-me mig sou en un telèfon no només és una barbaritat, sinó que em suposaria passar-ho econòmicament malament durant els següents tres o quatre mesos, així que, per molt bonic i potent que siga, l'iPhone no pot entrar dins les meues prioritats tecnològiques.

I parlo de l'iPhone (i no de les consoles o de tants altres aparells que em puguen fer goig) perquè no és un aparell més: avui, un telèfon és una ferramenta de treball que utilitzes tots els dies, no un simple aparell que pugues utilitzar una o dos vegades a la setmana. Té el mateix ús intensiu per a mi que el que poden tindre els llibres de text per als meus dos fills. I el mateix preu.

La diferència està en què jo puc elegir un telèfon de menys de 200 € que em fage el mateix paper (o molt paregut) que un iPhone per a la meua feina, però no puc elegir uns altres llibres de text per als meus dos fills; els 500 € que ens han costat els llibres de text per a 1er. i 3er. de primària són la meitat del meu sou. Una barbaritat del mateix tamany que si m'hagués comprat un iPhone. I en eixe preu no entra la resta del material escolar, que és el mateix que dir que l'iPhone anava sense targeta de memòria, sense carregador i sense funda, que s'han de comprar a banda.

Puc entendre perfectament els criteris estrictament pedagògics que segueixen els mestres tant per a la qüestió dels llibres de text front als projectes d'elaboració pròpia com per a la qüestió del material de marca front al de baixa qualitat; i sé que hi ha molts arguments a favor d'eixos criteris pedagògics i que la llibertat de càtedra empara als professors en les seues decisions. Però igual que hi ha arguments a favor, n'hi ha arguments en contra; i el principal, encara que no l'únic, és l'accés a l'educació: si els criteris pedagògics impedeixen eixe accés a l'educació, eixos criteris no serveixen per a res. És el que passaria (ja ha passat i encara segueix passant) amb l'accés a la tecnologia: si els criteris tecnològics impedeixen l'accés a la tecnologia (perquè la fan massa cara), eixa tecnologia (tot i estar emparada per la llibertat de mercat) no serviria per a res. I quan dic per a res m'estic referint a la societat en el seu conjunt; és obvi que per a alguns sí que servirien eixos criteris pedagògics i tecnològics: per als què puguen pagar-los.

Però estem parlant de coses molt més importants que uns simples criteris: l'accés a l'educació, com ara l'accés a les noves tecnologies, és una necessitat bàsica per al desenvolupament personal i professional de totes les persones. O almenys així hauria de ser vist.

Però tampoc anem ara a posar tota la responsabilitat sobre els mestres; hi ha almenys dos parts més implicades en esta barbaritat: l'administració i els pares. La primera és responsable directa de l'eliminació de les beques per a llibres, fent que l'educació primària no siga gratuïta; i els segons som responsables indirectes tant per permetre l'eliminació d'eixes ajudes sense dir ni pius com per no advertir amb antelació als mestres de què impedirien l'accés a l'educació si seguien amb eixos criteris pedagògics.

Per suposat, mai és tard per a rectificar; però l'iPhone ja l'hem pagat i els pròxims mesos tindrem 500 € menys per a menjar, per a roba o per a altres necessitats molt més bàsiques que tindre un iPhone a la nostra butxaca o el seu equivalent en llibres a les motxilles dels nostres fills.

viernes, 12 de septiembre de 2014

La izquierda será utópica o no será

Los resultados obtenidos por el PSOE y por Podemos en España en las últimas elecciones europeas, así como los sondeos posteriores que se están publicando, deberían hacer reflexionar a toda la izquierda política sobre su futuro.


El pragmatismo que ha encarnado el PSOE durante muchos años ha acabado por dañar, tal vez ya irremediablemente, una base electoral de clase trabajadora que ha visto cómo esa izquierda posibilista se ha visto abocada a arrodillarse ante los grandes poderes fácticos y económicos cuando ha tenido que gobernar; no es algo que pueda evitarse (esos poderes están ahí), pero sí es algo con lo que es peligroso jugar, sobre todo cuando empiezan a traspasarse líneas rojas como la congelación de las pensiones, el castigo a la parte débil de las relaciones laborales o dar prioridad absoluta a devolver las deudas con la banca, incluso por encima del cobro de las nóminas, mientras a esos poderes fácticos y económicos no sólo no se les exigen compensaciones como principales responsables de la crisis, sino que se les permite dirigir, por encima de gobiernos y ciudadanos, su propia salida de la crisis a costa de los demás. La persepectiva desde la que el PSOE ha estado interpretando la realidad tras su paso por el poder se ha ido distorsionando cada vez más y nadie (salvo tal vez Zapatero en sus primeros años de gobierno) ha sido capaz de parar esa distorsión; lo que era bueno para España (interpretación estadista de la realidad) era cada vez menos bueno para los españoles (para la mayoría de españoles), y el PSOE no supo o no quiso verlo así. Esa ha sido siempre la interpretación patriótica de España, encarnada perfectamente por la derecha: si el PSOE tenía que gobernar como la derecha, mejor que lo hiciera directamente la derecha, que tiene mucha más experiencia en esa forma de gobernarnos. Y así acabó ocurriendo, claro.

El discurso de la lucha de clases ha sido abandonado por el PSOE; y aunque es cierto que aparenta ser un discurso anticuado por cuanto la prosperidad económica permitió difuminar (sólo en apariencia) los límites entre esas clases con objetivos más enfrentados que confluyentes, lo cierto es que la base de ese discurso sigue estando, aunque con otra terminología, no sólo plenamente vigente, sino en el centro mismo de los sobresalientes resultados de Podemos.

En un país con numerosos pequeños empresarios y autónomos, el discurso tradicional de la lucha de clases (obreros - capital) ha dado paso a otro discurso con una misma base ideológica (los de abajo - los de arriba, pobres - ricos, 99% - 1%, la casta, la élite...), pero que incluye a esas otras partes de la sociedad a las que, sin ser obreros en el sentido histórico del término, les ha tocado sufrir también los abusos del poder financiero a través de leyes (y rescates) que han puesto el foco en las verdaderas fuerzas predominantes de nuestras sociedades.

Un discurso que hasta hace bien poco quedaba restringido a pequeños círculos ideológicos etiquetados como extrema izquierda y a quienes nadie quería escuchar; nadie quería reconocerse, en plena época de vacas gordas, como un simple obrero que podía ser explotado. Nadie quería perder la categoría de clase media cuando el banco le otorgaba préstamos por importes que hoy consideramos inabarcables.

El aumento de la desigualdad que ha traído aparejada esta crisis está acabando con la que se consideraba clase media española (lo fuese realmente o no), que es la que más esperanzas de futuro ha visto truncadas: puestos de trabajo supuestamente consolidados que han desaparecido o que han visto devaluada su remuneración, incremento de los costes en educación y en sanidad al tiempo que se recortaba el acceso a becas y a todo tipo de beneficios sociales, incierto futuro del sistema público de pensiones que obliga a destinar a las familias más recursos a contratos privados de jubilación mientras disminuyen sus ingresos...

Históricamente, las revoluciones (entendidas éstas como cambios bruscos en la forma de entender los sistemas de convivencia existentes hasta un determinado momento) han fracasado en España (y en tantos otros sitios: vean en qué ha quedado la Primavera Árabe) por la ausencia de clases medias; las posibilidades de una revolución (con violencia incluida: o la utilizan los revolucionarios o la utiliza el poder que se derrumba, o ambos) son hoy más altas que nunca en todo el mundo occidental, no sólo en España. Son las clases medias (o los que se consideraban a sí mismos dentro de éstas) las que se están arruinando (las clases bajas siempre lo han estado y han ido sobreviviendo como han podido, algo -la supervivencia bajo mínimos- que difícilmente podrán soportar las clases medias arruinadas si su situación se mantiene durante demasiado tiempo) y son éstas las que pueden dar soporte (económico, social, ideológico...) a los cambios sustanciales (y no superficiales, como ha venido ocurriendo hasta ahora) en nuestros actuales sistemas de convivencia.

Los apoyos de las otrora clases medias obtenidos por una fuerza revolucionaria (por cuanto propone un cambio urgente y radical del sistema) como Podemos son la confirmación de los temores expresados en la última Cumbre de Davos: existe un riesgo cierto de graves altercados sociales (el uso del lenguaje alarmista es una de las formas que tienen de desacreditar las reivindicaciones para la mejora de la vida del 99%) que podrían extenderse por todo el mundo occidental.

Pero lo cierto es que Podemos (sea considerada una fuerza política de izquierdas, de derechas, revolucionaria, reaccionaria, bolivariana, nazi, terrorista o lo que se quiera) ha triunfado por su discurso utópico: puede cambiarse a mejor el mundo en el que vivimos, puede modificarse el sistema de convivencia si se tiene la voluntad de hacerlo, pueden confluir los intereses de un 99% en contra de los intereses establecidos del 1%. Se puede, y se pueda ya.

Este es el discurso que ha abandonado una izquierda (sobre todo el PSOE) empeñada en considerar a la clase trabajadora como clase media, empeñada en convencernos de que la zanahoria ajena que nos pusieron en el palo en la época de vacas gordas era válida como utopía y empeñada en convencernos de que contra el sistema establecido nada se podía hacer y, en consecuencia, debíamos integrarnos en él aceptando con resignación sus fallos y corruptelas.

Ese centro político que tan buenos resultados le dio a UCD y que hoy se disputan el PSOE y el PP es cada vez más raquítico: hoy no hay margen para el "sí pero no" del que han vivido tanto tiempo los políticos centrados. Hoy se requieren soluciones urgentes al desastre provocado por los mercados financieros primero y por la banca española después; y para eso no sirven ni el "sí pero no" ni las políticas de "lo mejor para España" si no son también lo mejor para los españoles.

Hoy se necesita más que nunca la utopía, la esperanza, las políticas que permitan a los españoles ver un futuro mejor no sólo para ellos, sino también para sus hijos. Hoy se necesita más que nunca una reforma completa de un sistema con elementos enquistados que lo están (y nos están) llevando a la ruina no sólo económica, sino también ética y social. Y eso sólo será posible a través de la utopía: de saber que se puede cambiar el sistema para que esté al servicio del 99% y no sólo al del 1%, y que se puede cambiar ya.

Eso sí: los ciudadanos han comprendido que ese cambio sólo puede ser posible si lo llevan a cabo personas u organizaciones sin servidumbres heredadas que les aten las manos. La cúpula política debe estar libre para poder liberar a la democracia secuestrada que tenemos hoy. Otra utopía más. Pero que genera esperanza y promete un futuro mejor. Vale la pena al menos intentarlo (si el 1% nos deja).

miércoles, 10 de septiembre de 2014

Les avionetes són reals i la modificació climatològica també

«Measuring the effect of cloud seeding can prove difficult because seeding not only affects the physical processes within the cloud, but also the cloud's lifetime, specifically, how long the cloud will be raining».

La frase que encapçala esta entrada és de Roelof Bruintjes, director d'investigació del U.S. National Center for Atmospheric Research (Boulder, Colorado), durant una entrevista a Live Science a compte de les investigacions xineses en matèria de modificació climatològica; no trobarem massa afirmacions entre els científics que confirmen que la sembra de núvols no només fa ploure o modifica el tamany del granís, sinó que també modifica totes les altres característiques d'un núvol en formació, incloent l'efecte que té sobre el temps local accelerar la condensació interna dins dels núvols: sembrar iodur de plata dins una tronada també té com a conseqüència que la seua trajectòria s'acurte, amb els problemes que això pot generar per a les comarques per les que, sense cap modificació externa, haurien de passar eixos núvols amb la seua pluja. Aprofitant este efecte secundari de la sembra de núvols, els xinesos van aconseguir que durant els Jocs Olímpics de Pekín no caigués cap tronada.

Imatge captada per MeteoCastalla d'una de les avionetes vista el 24 de juny; mitja hora després van desaparèixer els núvols en formació. Eixe dia no va haver avioneta al sud de Terol o al nord de Castelló i van caure més de 100 l/m² a Benafigos.
Poc a poc anem sabent algunes coses més respecte a les avionetes, però la manca d'informació concreta sobre les operacions que es veuen a cada comarca fa molt difícil saber si estem davant interessos públics o privats; per exemple, sabem que Espanya té un programa propi de modificació climatològica per a previndre el granís, però no ho hem sabut per la informació que ens pugue facilitar el nostre govern (tan transparent en este aspecte com el xinés), sinó perquè així consta a un informe de 2013 de l'Organització Mundial de Meteorologia (WMO), de la qual forme part i col·labora l'AEMET (Agència Estatal de Meteorologia, l'antic Institut Nacional de Meteorologia).

La WMO convoca periòdicament als principals investigadors sobre modificació climatològica de cada país per a treure conclusions sobre els avanços en la matèria, no només en les tècniques utilitzades, sinó sobretot en la forma de mesurar els efectes reals d'eixes modificacions, raó principal per la qual una gran part dels científics han posat en dubte la seua efectivitat; a la darrera Conferència Científica sobre Modificació Climatològica (la desena) de la què hi ha informe complet (celebrada a Bali el 2011) hi ha, però, alguna dada poc aclaridora (pàgina 304 de l'informe publicat a 2013): Espanya no va poder presentar cap resultat perquè el seu projecte (molt alabat en el seu plantejament per altres investigadors, posant-lo d'exemple de com s'han de planificar els projectes d'investigació) no va obtindre el finançament per a posar-se en marxa. Així doncs, Espanya té un programa de modificació climatològica, però no té diners per a dur a terme cap investigació al respecte: o el que és el mateix, que podem anar descartant que les avionetes estiguen controlades per alguna autoritat pública o formen part d'alguna investigació seriosa.

Sobre les tècniques emprades per a realitzar eixa modificació climatològica, la dispersió de iodur de plata (AgI) segueix sent la més utilitzada, doncs es pot aplicar tant des de terra com des d'avionetes a poca altura (les partícules queden en suspensió i les corrents internes dels núvols s'encarreguen de dur-les al nucli de les tronades), utilitzant-se també NaCl (vegeu l'experiment fet a Japó); altres composts químics (com l'alúmina o el titanat de bari) han de ser dispersats per damunt dels núvols per la seua insolubilitat (les partícules sense diluir tenen una densitat superior a la de l'aire i cauen); i altres composts emprats als experiments (com el CaCl2) tenen molta menor efectivitat (tot i que quan aconsegueixen fer la seua feina acceleren molt més la pluja que no el iodur de plata).



Pel que ens interessa a nosaltres, cal que tinguem clar que els darrers anys ja s'han dut a terme amb èxit investigacions per a reduir la intensitat de les pluges (vegeu els experiments fets a Indonèsia amb substàncies higroscòpiques, suspesos pels efectes que provocava a les zones veïnes), que el iodur de plata (substància glaciogènica) fa efecte als 30-40 minuts d'haver-se dispersat a la tronada i que el CaCl2 (substància higroscòpica) ho fa als 10-20 minuts; no obstant això, la realitat és que els estudis científics al respecte estan baix mínims des dels anys 80 i els investigadors estan tenint molts problemes per a dur a terme experiments que puguen aclarir l'efectivitat real d'eixes modificacions climatològiques. L'informe de la comissió d'experts en matèria d'investigació en modificació climatològica de 2010 (any de la seua creació; les coses estan tan malament que per al 2015 ja es té previst decidir si es desfà per manca de finançament) ho deixa molt clar: només es posen diners per a aplicar les tècniques que es coneixen fins ara, però no per a saber si eixes tècniques són efectives o no. Eixe informe, no obstant, ens dona prou pistes sobre el què pot estar passant als nostres cels.

Extractes de l'informe de 2010 de la comissió d'experts sobre modificacions climatològiques; no es poden descartar efectes no desitjats per l'ús de tècniques de modificació climatològica i l'efectivitat d'estes tècniques només s'han demostrat en l'eliminació de la boira. A més, s'estan aplicant estes tècniques en projectes privats sense supervisió científica qualificada i sense conèixer si s'estan utilitzant bones o males pràctiques.

El primer i el darrer punts extractats d'eixe informe (l'1.9 i el 7.3) ens ho deixen més o menys clar: no s'han pogut demostrar ni l'efectivitat de les tècniques ni els riscos que comporten, però ni l'una ni els altres es poden descartar. I això vol dir que els projectes de modificació climatològica que estan en marxa (perquè ho estan) necessiten una supervisió científica imparcial i seriosa (que ara no tenen) per a determinar, entre altres coses, els efectes no desitjats que poden tindre unes tècniques mal aplicades.

La denúncia (punt 7.3) sobre la parcialitat dels experts que es contracten per als projectes de modificació climatològica hauria de ser suficient com per a paralitzar qualsevol actuació en la matèria que no compte amb totes les garanties necessàries que permeten confirmar que les bones pràctiques estan per damunt dels interessos econòmics i particulars d'empreses contractants i d'experts contractats.

lunes, 14 de julio de 2014

El tamany sí que importa


«Estes tomates no fan gust a res», haurem sentit més d'una vegada; també haurem comprovat alguna que altra vegada que les úniques pomes que hi ha a les tendes són molt rodones i molt brillants, o que les cireres que es venen ara són, normalment, picotes i no cireres. I ací a Castelló, on encara hi ha algun hort que produeix per a les tendes, potser trobem algun basquet d'eixos que tenen taronges, cireres, pomes o tomates de tamanys dispars i de formes irregulars (que resulta que són més lletges, però també més gustoses que les del Mercadona); però trobar-ho a Madrid o a qualsevol altra ciutat més enllà dels Pirineus és totalment impossible. Ningú allà coneix cap altre fruit de la terra que no tinga el tamany, el color i la forma que exigeixen les empreses exportadores i importadores d'aliments.

Calibres mínims de les taronges per a exportació el 1981 (Font: BOE)
Calibres mínims de les taronges per a exportació el 2004 (Font: Norma CODEX STAN 245-2004)



L'explicació és molt simple. L'agricultura tradicional (i la cultura de l'alimentació en general) s'ha hagut d'adaptar a la mercadotècnia, al màrqueting comercial, i per a fer-ho ha hagut d'abandonar moltíssims (de fet, quasi tots) aspectes tradicionals per a convertir-se en una agricultura moderna, adaptada als temps vertiginosos i absolutament mercantilitzats que ens han tocat viure; en estos temps que corren, ja no és rendible una explotació d'una collita anual, com tampoc ho és una explotació de secà (contradiccions de l'economia) sense rec per degoteig.

La nostra agricultura, típicament minifundista, té els dies comptats; avui encara hi ha jubilats (antics agricultors que van fugir cap a les fàbriques ceràmiques fa uns anys) que s'entretenen treballant alguns bancals. Alguns per a treure alguna perra més per a ajudar als fills o als nets en atur i altres (cada vegada més) per la simple satisfacció de sentir-se encara forts per a les dures feines agrícoles. Els fruits d'eixos bancals, però, rarament entren dins els circuits comercials; una bona part es queda dins l'entorn familiar o social (els melons del iaio, les taronges de l'oncle, les pomes de Pepe...) i l'altra és malvenuda a les fracassades cooperatives agrícoles que els han de vendre com a producte de segona o de tercera categoria perquè les nostres avellanes, les nostres cireres o les nostres pomes no tenen el calibre (el tamany) adequat per a ser considerats fruits de primera categoria.

Podríem ara tirar la culpa a la societat, o als mercats, o als urbanites, o als polítics. Però no podem. Quan anem al mercat o al súper, tots hem d'ajustar les compres als nostres pressuposts (cada vegada més escassos, i més en èpoques de crisi) i la majoria de nosaltres no podem permetre'ns pagar més per un producte del qual tenim l'opció barata (i llustrosa) i l'opció cara (i menys agradable als ulls); també en açò ens hem fet europeus, tant per a bé (ens han arribat productes més barats i més llustrosos) como per a mal (els què hem viscut alguna vegada de l'agricultura l'hem haguda d'abandonar, i els que no l'han abandonada s'han vist obligats a substituir les nostres varietats autòctones per altres més adaptades als nous temps -i moltes d'elles subjectes, a més, a patents que han de pagar els agricultors d'ací i que no paguen agricultors d'altres indrets, on el control sobre les patents no existeix-).

«Quant més sucre, més dolç», diuen; i quanta més aigua, menys gust, caldria afegir per a saber la raó per la qual les qualitats organolèptiques de les fruites que ens mengem avui han variat tant de les que ens menjàvem no fa tant de temps. La majoria de les nostres varietats autòctones estaven adaptades, com no podia ser d'altra manera, a les característiques climatològiques pròpies de les nostres terres; estes característiques climatològiques incloïen les pluges escasses i concentrades en determinades èpoques de l'any, de manera que els fruits que s'obtenien aprofitaven perfectament tant eixa escassesa d'aigua com els moments en els quals eixa aigua podia ser aprofitada. Els arbres patien i es feien forts, i els seus fruits aprofitaven cada ruixat al màxim; fer patir als arbres, es deia. Avui, els arbres i les plantes dels què obtenim els fruits ja no pateixen: tenen aigua tot l'any, una poqueta cada dia. De fet, algunes hortalisses ja no tenen ni terra de la què extreure els minerals necessaris per a sobreviure: els els donen ja desfets i diluïts a les esponges d'on obtenen també l'aigua.


Açò no seria possible avui si els nostres hàbits alimentaris no hagueren canviat radicalment; per desgràcia, com passa amb la resta de la nostra vida, és més important un producte més barat (i si és més gran, millor que millor) que un producte amb més qualitat, característica esta (la qualitat) que només queda reservada per a algunes elits (a més, enganyades: l'agricultura ecològica no és el mateix que l'agricultura tradicional i també utilitza els cultius hidropònics com els de la imatge de dalt) o per als què encara mantenim algun tros de terra o a algun familiar que, de tant en tant, ens regala algun producte de la nostra terra.

El tamany, en definitiva, no només sí que importa; és que és la principal característica que fa que una explotació agrària, avui, siga o no siga rendible i puga sobreviure o no al tipus de societat que hem creat entre tots. El tamany del producte (els calibres) i el tamany de l'explotació (els latifundis) són les principals característiques de l'agricultura del segle XXI.

Nota final: A poc a poc, l'abandó de les explotacions agrícoles tradicionals no rendibles econòmicament fa més vulnerables els nostres boscs; este efecte secundari de la mort de l'agricultura tradicional l'anirem veient a més llarg termini, però és pràcticament inevitable. Si l'abandó de terres cultivades segueix anant a un ritme superior al de l'increment en els recursos per a la lluita contra els incendis forestals, els nostres boscs estan destinats a quedar arrasats pel foc, doncs cada bancal cultivat que és abandonat és un tallafoc menys que es trobarà el foc, i cada parcel·la de bosc abandonada (i no netejada de brossa) pel seu propietari suposa més combustible per a un incendi.

sábado, 28 de junio de 2014

Per la dimissió de tots els consells escolars

Molts pares ja ho sabreu, altres haureu escoltat alguna cosa, i a altres vos sonarà pel que ha passat al col·legi Herrero de Castelló: els consells escolars de les escoles dels vostres fills ja no són un òrgan de decisió. Si alguns de vosaltres no teníeu clar què és el que podia o no podia decidir el consell escolar del col·legi dels vostres fills, a partir d'ara ho podeu tindre claríssim: res de res. El què han fet amb el consell escolar del col·legi Herrero, que havia aprovat mantindre la línia en valencià i li han imposat la de castellà, tot i que els alumnes matriculats n'han estat molts més amb l'opció en valencià que en castellà, és simplement el que s'ha aprovat amb la nova llei Wert: els consells escolars ja no poden decidir sobre res, i per molt que voten a favor o en contra de qualsevol assumpte que afecte al col·legi, els resultats de les votacions poden dir missa, que la consellera de torn farà i desfarà segons s'hage alçat eixe dia.

Resum de la modificació de competències dels consells escolars introduïdes per la LOMCE (Llei Wert)
De les múltiples funcions decisòries que tenien els consells escolars fins l'aprovació de la llei Wert (aprovar el projecte educatiu, el projecte de gestió, les normes d'organització, les normes de funcionament o la programació anual de cada col·legi, decidir sobre l'admissió d'alumnes o fixar les directrius generals per a la col·laboració en matèria educativa amb la resta de la societat), el Ministre d'Educació només li ha deixat la participació en la selecció del director, que és qui assumeix totes les funcions que se li lleven als consells escolars. Però en realitat ni tan sols li ha deixat capacitat de decisió en eixe nomenament, doncs també han modificat la composició de la comissió encarregada d'elegir-lo d'entre els candidats presentats.

Nou sistema d'elecció del director establert per la LOMCE (llei Wert); l'Administració, amb majoria absoluta, és la que l'elegeix
L'Administració, que fins la llei Wert disposava d'1/3 dels membres de la comissió que havia d'elegir al director de cada col·legi (l'altre terç era per als professors i l'altre terç per a la resta de membres de cada consell escolar que no foren professors), ha decidit que el director de cada col·legi ha de ser una persona fidel a les autoritats educatives, i si un candidat vol ser realment director d'un centre ja sabrà ben bé a qui ha de fer cas: tenint ara entre el 50,01% i el 69,99% dels membres de la comissió, l'Administració és l'únic estament educatiu amb capacitat per a elegir o vedar a un candidat. Els altres membres de la comunitat educativa (els professors del claustre, que poden arribar a tindre fins l'altre 49,99% que no copa l'Administració: els altres hem desaparegut del mapa decisori) mai podran presentar un candidat que no tingue el vist-i-plau de l'autoritat competent. És el que s'anomena (el nom es manté a la llei Wert, però el significat no se sap ben bé quin és ara) autonomia dels centres educatius.

Havent buidat de continguts decisoris les funcions dels consells escolars, els pringats -pares, professors i altre personal que treballe als col·legis- què en formem part d'algun ens limitarem, a partir d'ara, a ser informats i a fer propostes; és a dir, que podem ser perfectament substituïts per un tauler d'anuncis i una adreça de correu electrònic. Als professors els han intentat acontentar augmentant-los fins el 49,99% la seua presència a la comissió que ha d'elegir al director; desconec si això ho consideraran un èxit o un fracàs (també poden baixar la seua presència fins el 30,01% si l'autoritat competent veu massa díscols), però el que sí que sé és que la implicació dels pares en el funcionament dels centres educatius no es veurà gens afavorida amb esta manera d'entendre-la.

Doncs bé, amb eixa sensació d'haver llegit al BOE que de l'educació dels meus fills manen única i exclusivament el Ministre o la Consellera de torn, al darrer consell escolar d'este curs del meu col·legi he demanat una reflexió, amb les dades en la mà (els dos folis que he penjat en imatge dalt), per a este estiu: he pregat que pensem, tots els membres del consell, si no seria convenient, a la primera convocatòria del pròxim curs, presentar la dimissió en bloc de tot el consell escolar per a fer palesa la nostra disconformitat amb la mort, per la via dels fets, de l'únic òrgan de govern on professors, pares i treballadors del centre podíem emprendre i aprovar conjuntament iniciatives per a millorar el dia a dia de l'ensenyament dels nostres fills.

Veurem si la bona rebuda de la reflexió es converteix en fets este mes de setembre. Tenim tot l'estiu per a reflexionar. Amb les dades en la mà.

viernes, 20 de junio de 2014

Excés de iodur de plata per a evitar granissades

Anar contra la ciència. Això és el que fem els què critiquem l'ús i abús del iodur de plata per a evitar les granissades que poden malmetre les collites dels agricultors; no hi ha dades científiques que confirmen que és el iodur de plata el responsable de què les tronades es desfagen quan les avionetes que l'escampen es dirigeixen cap als núvols i desapareixen dins la tronada. Diuen els seus defensors que les tronades són impredictibles i que, per tant, culpar al iodur de plata de desfer-les és simple ignorància, doncs este compost s'utilitza per a crear núvols, no per a desfer-los.


Comencem per eixa funció tan lírica del iodur de plata: crear núvols. ¿A qui se li ocorre criticar que es creen núvols? Als ignorants, clar. Així que ja tenim als roïns de la pel·lícula: els què s'oposen a crear els núvols que ens han de dur la pluja. ¿Serem tontos?

Però el iodur de plata, en realitat, no crea núvols. No fa res (res de res) si no hi ha núvols. El que fa el iodur de plata és accelerar la condensació de les gotes d'aigua que hi ha dins els núvols, de manera que els núvols que passen i que encara estan en formació acceleren la seua evolució i descarreguen les gotes d'aigua allà on entren en contacte amb el iodur de plata; el què fa amb el granís és el mateix: accelera la seua formació, de manera que no li deixa temps de fer-se gros i es precipita, arribant a terra amb pedres molt menudes (que ja no fan mal a les collites) o ja en forma d'aigua sense més.

El procés, com es veu, és molt senzill i aparentment innocu. S'utilitza molt a les estacions d'esquí (el iodur de plata és més eficient a temperatures baix zero) per a què els núvols que passen per damunt de l'estació descarreguen la neu sense passar de llarg, i també als aeroports per a eliminar la boira.

Fins ací estan els grans avantatges de la modificació climatològica amb substàncies químiques; ara toca fer també un poc de crítica a eixos detractors que enseguida tenen la paraula clau per a argumentar contra alguna cosa: el càncer. Avui en dia tot és sospitós de provocar càncer o de ser extremadament tòxic. El iodur de plata ho és (tòxic, no cancerigen), però en quantitats molt elevades que difícilment (quasi impossible) poden ser assolides per una fumigació com la què duen a terme les avionetes que l'escampen: i, a més, podria provocar una intoxicació temporal, mai crònica. Si prou feina és aplicar el sentit comú a l'hora de criticar alguna cosa, només falta haver d'aclarir que no estàs defenent els mateixos prejudicis que defenen altres sobre eixa mateixa cosa; potser no siga necessari aclarir-ho, però és molt fàcil posar a tots els crítics dins el mateix sac (i sempre dins el pitjor sac, clar: tots els crítics del iodur de plata basen les seues crítiques en prejudicis anticientífics) quan estan en joc avanços científics que podrien ser molt beneficiosos utilitzats correctament, així que el millor és deixar-ho clar des del principi per a evitar malentesos.


I ara ve la part central d'esta entrada; les crítiques a una manera d'actuar quant menys opaca, si no directament delictiva.

  1. La quantitat de iodur de plata que es puga escampar a un núvol és determinant per a evitar les granissades (si no se n'escampa prou no aconseguirà la suficient condensació de gotes d'aigua i el granís se seguiria formant dins el núvol segons la seua normal evolució), però també per a desfer completament la tronada: si s'escampa un excés de iodur de plata, la condensació s'accelerarà de tal manera que tota l'aigua dels núvols es precipitarà, tallant per complet l'evolució posterior de la tronada. ¿Qui decideix quina quantitat de iodur de plata és necessària escampar per a cada tronada? ¿Ho controla o ho pot controlar d'alguna manera alguna administració? ¿Es pot sancionar el mal ús?
  2. Modificar artificialment el clima d'una comarca o d'una regió és un greu atemptat no només contra el medi ambient (la natura és la que és a cada lloc per les seues característiques climatològiques: si alterem estes, la natura canviarà obligatòriament per a adaptar-se a eixes noves característiques), sinó que pot acabar essent també un atemptat contra les pròpies persones que les habiten: si hi ha un absolut descontrol sobre eixes modificacions climatològiques (basades en els interessos particulars de qui paga el iodur de plata i les avionetes que l'escampen) i prima única i exclusivament la desfeta de les granissades per a salvar les collites, podem trobar-nos amb una contínua desfeta de les tronades (si s'utilitza més iodur que menys per a assegurar-se que no es formarà granís) que acabe afectant a l'abastiment d'aigua per a beure. ¿Com es pot fer la vista grossa des de Conselleria davant estos atemptats al medi ambient, mentre als propietaris de les finques els multen per trencar o tallar arbres protegits que són seus? 
  3. En altres indrets (com a Sòria fa ara vuit anys), Aviació Civil o el Ministeri de Defensa mai van tindre constància (o almenys deien que no en tenien) dels vols que feien eixes avionetes; a les nostres comarques, les avionetes mai duen l'identificador (la matrícula) i no s'ha pogut esbrinar res, tot i els intents (sempre infructuosos, o almenys això és el que sempre han afirmat) del SEPRONA per a identificar-les. Ací sabem que utilitzen pistes d'aterratge molt poc conegudes, a l'interior de Castelló (al Pla de Vistabella, per exemple, hi ha una pista d'aterratge que utilitzen les avionetes d'extinció d'incendis d'on se n'ha vist eixir una de les què tiren iodur de plata) i a Terol (potser també a altres províncies properes, però això ja no ho sabem); òbviament, si oculten la seua identificació (suposant que les avionetes siguen legals, si no ja seria una autèntica mafia) ho han de fer a llocs on no hi hage massa testimonis, i quin millor indret per a tapar la matrícula que enmig d'una muntanya on potser no passen més d'un o dos cotxes al dia. Però si açò es pot fer per a sembrar iodur de plata, ¿què no podran fer les màfies de narcotraficants o els grups terroristes amb una avioneta, si el Ministeri de Defensa no s'entera de res i el SEPRONA és incapaç d'identificar-la?
Vull tornar a insistir una altra vegada més en açò: no estic en contra de l'ús del iodur de plata per a evitar les granissades. De fet, estic d'acord en què s'utilitzen estes tècniques per a salvar les collites dels agricultors (entre els quals estan la meua família), però em pareix ridícul i perillós (i totalment acientífic) que siga possible modificar la climatologia d'una zona al marge de qualsevol control i utilitzant com únic criteri l'interès econòmic d'un particular sense tindre en compte cap tipus de conseqüència sobre la resta de les persones que habiten la zona afectada.

Per últim, no puc acabar esta entrada sense criticar als estudiosos del tema i, per extensió, als seus cecs (i acrítics) seguidors; els estudis científics que he pogut consultar (com este) es dediquen a mesurar l'eficiència de la tècnica, arribant a la conclusió que escampar 50 grams de iodur de plata cada hora és més eficient per a disminuir la grandària del granís que escampar-ne 23. No és eixa eficiència la què estic posant en dubte, sinó els efectes que pot tindre sobre els núvols en evolució no només un excés en la quantitat de iodur de plata per hora (els estudis que he trobat, com este altre, mesuren quantitats de 4, 6, 13, 23, 40, 50 i fins i tot 59 grams de iodur de plata per hora durant un període de temps d'unes tres hores), sinó també el temps utilitzat en escampar-lo.


L'opacitat amb la què es fan estes operacions amb avionetes, l'absència d'estudis científics sobre les conseqüències que sobre l'evolució dels núvols pot tindre un excés de iodur de plata (en quantitat absoluta o en concentració per hora) i les escasses evidències empíriques d'altres indrets (Xina, per exemple, va utilitzar iodur de plata per a eliminar els núvols durant els Jocs Olímpics), no poden més que fer-nos sospitar que els límits de iodur de plata emprats a les nostres comarques estan per damunt dels necessaris per a aplacar les granissades i que, com a conseqüència d'eixe excés, eixa és la raó per la qual totes les tronades d'estiu acaben desapareixent allà per on passa l'avioneta escampant el iodur de plata.

I si la resposta és la impredictibilitat d'una tronada després d'haver escampat iodur de plata, em pareix aberrant que un científic (o qualsevol altra persona amb dos dits de front) siga capaç de negar, per dogma i en contra de les evidències empíriques (¿també negaran que les tronades d'estiu desapareixen al poc de passar l'avioneta?), la possibilitat de què la desaparició de les tronades estiga directament relacionada amb un excés d'esta substància, bé siga per la mala praxis de qui la utilitza (que prefereix que desaparega la tronada abans que fer curt amb la quantitat de iodur de plata necessària per a disminuir la grandària del granís) o perquè el preu per hora de l'avioneta faria inviable econòmicament el seu ús escampant el iodur de plata tantes hores abans (és a dir, que escampen en pocs minuts tot el iodur de plata que haurien d'escampar en vàries hores). Amb totes les conseqüències que això pot tindre per als habitants

sábado, 26 de abril de 2014

Las eléctricas estafadoras

Dudo que sirva para algo, pero de menos aún servirá no hacer nada; si al menos sirve para advertir a otros de cómo cuelan las ofertas-estafa las eléctricas y cómo intentan hacerte pagar su incompetencia a ti, me doy por satisfecho. He tenido que realizar dos escritos para reclamar a Iberdrola casi 500 € estafados a mis padres en apenas un año. Los reproduzco aquí.

Ofertas-Estafa


EXPONGO:
  1. Que en este país parece que las grandes empresas como la suya tengan como uno de sus deportes preferidos engañar y estafar a sus clientes jubilados, aprovechándose de la confianza que éstos tienen depositada en ustedes tras varias décadas de relación comercial más o menos pacífica.
  2. Que han sido múltiples las veces que comerciales de sus numerosas compañías y de otras del mismo sector han llamado a la puerta de su cliente ofertándole descuentos del 10% y una tarifa fija en el consumo de electricidad; han sido tantas ofertas como negativas, siempre advertido de que no firmase nada sin antes conocer exactamente las condiciones de la oferta, para lo cual nos ha consultado siempre a sus hijos, que hemos estudiado cada propuesta y hemos comprobado, en todas ellas, que el 10% de descuento no era sobre el consumo, sino sobre la potencia contratada, a cambio de incrementar sustancialmente el precio del consumo, lo cual suponía, sin excepción, un sobrecoste en el importe final de cada factura. Lo que no podíamos imaginar es que aprovecharan ustedes una solicitud de cambio de potencia de su cliente, firmado en sus oficinas, para colarle tan panchamente la misma oferta que él había rechazado en tantas ocasiones.
  3. Que al instalar ustedes los nuevos contadores con telemedida, que incorporaban un dispositivo de control de potencia propio, su cliente comprobó que la potencia que tenía contratada (3,3 kW) no era suficiente para soportar el encendido concurrente de varios aparatos eléctricos (en mala hora cambió su cocina a butano por una vitrocerámica) durante determinadas horas del día y épocas del año. Algo que se encargaron ustedes mismos de recordarle por escrito a través de su empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., advirtiéndole que iban a proceder a “limitar su instalación” si en un plazo de 30 días no se ponía en contacto con Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U., con la que mantenía el contrato de suministro nº 340148664.
  4. Que para evitar ese proceso de limitación en el suministro eléctrico, que a su cliente le pareció más una amenaza de dejarlo sin servicio o con servicios mínimos que una recomendación, procedió a informarse sobre el coste que ese aumento de potencia le iba a suponer; los 300 € de la contratación de un electricista para que comprobara la adecuación de la instalación a la nueva potencia y emitiera los nuevos certificados eléctricos que lo acreditaran, más los 120 € que le iban a cobrar ustedes por el cambio de potencia suponían un esfuerzo económico considerable para una familia con dos pensionistas y un estudiante.
  5. Que cuando tuvo todo lo necesario para solicitar el aumento de potencia a 5,75 kW acudió a sus oficinas para que tramitaran dicha solicitud; al parecer, allí le informaron de que ese cambio de potencia iba a suponerle a su cliente, además del desembolso de los 420 € de los trámites, un incremento en la factura de entre 6 y 10 €, pero que podían descontarle ustedes un 10% sobre la potencia para que no notase tanto esa nueva subida en su factura de la luz; por supuesto, estando en sus propias oficinas, su cliente confió plenamente en que lo que le ofrecían era ese 10% de descuento sobre los nuevos importes del término de potencia (el comúnmente llamado mínimo) y no lo que finalmente le colaron: un cambio de compañía, la salida de la TUR, un incremento en el precio de cada kWh consumido… y el 10% de descuento sobre el término de potencia.
  6. Que un comercial llame a la puerta de la casa de su cliente para ofrecerle, entendemos que de buena fe, ese mismo descuento, puede colar: ese comercial no conoce el historial de consumo de su cliente y, por lo tanto, puede considerar que ese 10% va a beneficiarle en el importe final de la factura de la luz. Pero que en sus propias oficinas ofrezcan un descuento de 1 € al mes a cambio de un incremento de 1 € por cada 100 kWh consumido, teniendo ustedes acceso al historial de consumo de su cliente, que estaba siempre entre los 300 kWh y los 600 kWh mensuales, tiene muy difícil justificación ética y moral (económica sí, pero para ustedes, no para su cliente).
  7. Que hasta la emisión de la factura 20140312010262262 de Iberdrola Generación, S.A.U., sobre la que se ha realizado otra reclamación paralela a ésta, no advertimos aquel engaño: llegaba la factura de la luz con el mismo logotipo, el mismo nombre en el encabezado (IBERDROLA) y el mismo formato. Llegaba la factura, decimos, y se pagaba. Hasta que se emitió esa factura (de 559,06 €) y, al no disponer de ese montante para afrontar el pago, su cliente nos pidió ayuda a sus hijos para que revisáramos si todo estaba correcto. Menuda sorpresa.
  8. Que en el momento en el que ustedes le colaron a su cliente su oferta eran plenamente conscientes de que iban a ahorrarle 1 € al mes por un lado con el descuento del 10% sobre el término de potencia (11,21 € por cada 30 días en la primera factura) y a cobrarle por el otro entre 3 € y 6 € de más cada mes con el incremento paralelo en el precio del kWh (de 0,161213 €/kWh en las nuevas condiciones frente a los 0,150938 €/kWh de las anteriores: 1,03 € de más por cada 100 kWh): con un consumo (al cual ustedes tenían acceso cuando le realizaron la oferta) de 1.239 kWh en los dos meses anteriores (facturas 20130206010152892 y 20130301010178978 de Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U.) y con una media de consumo superior a los 500 kWh en los 12 meses anteriores al cambio de potencia, es inaudito cómo tuvieron la desvergüenza de ofertarle a su cliente un descuento de 1 € al mes sin advertirle de los 5-6 € al mes que le iban a cobrar de más con el incremento en el precio del kWh que iba aparejado a su oferta.
  9. Que ni en la última factura que emite Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U. para el contrato 340148664 –número de factura 20130301010178978– ni en las dos primeras facturas que emite Iberdrola Generación, S.A.U. para el nuevo contrato 483184524 –números de factura 20130304010403679, de derechos de enganche, y 20130409010282379, de consumos de energía eléctrica– se advierte que su cliente haya pasado del régimen TUR al de libre mercado. De hecho, el único trámite que fue a realizar su cliente a sus oficinas, bajo la amenaza de “limitar su instalación”, fue el aumento de potencia de 3,3 kWh a 5,75 kWh, no a cambiar de compañía suministradora ni de régimen tarifario.
  10. Que se calcula que dicho cambio, no solicitado por el cliente, de compañía suministradora y de régimen tarifario, ha supuesto un perjuicio económico en sus facturas eléctricas desde el 01/03/2013 has-ta la fecha de 50,68 € en el término de energía antes de impuestos (64,46 € con impuestos incluidos).
Por todo lo expuesto,

SOLICITO:
  1. Se anule el incomprensible cambio de compañía suministradora y de régimen tarifario de su cliente, anulándose todas las facturas emitidas por Iberdrola Generación, S.A.U. y refacturándose por parte de Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U. todos los conceptos desde el 01/03/2013 con el régimen tarifario (TUR) al que su cliente estaba adscrito antes de esa fecha, manteniéndose el aumento de potencia solicitado (a 5,75 kWh) y el prometido descuento del 10% sobre el término de potencia durante un año.
  2. Se abone el exceso de facturación de 64,46 € (o el que pueda corresponder tras la refacturación solicitada en el punto anterior) en la cuenta de domiciliación de su cliente, de acuerdo con el apartado sexto de la Resolución de 14 de mayo de 2009, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se establece el procedimiento de facturación con estimación del consumo de energía eléctrica y su regularización con lecturas reales (BOE del 26 de mayo de 2009).

Incompetencia cobrada con ajustes en los kWh


EXPONGO:
  1. Que en fecha 12 de marzo de 2014 emitió Iberdrola Generación, S.A.U. la factura con número 20140312010262262, correspondiente al período de facturación 07/02/2014 al 11/03/2014 del contrato de suministro eléctrico de referencia 483184524 (dirección de suministro X de Castellón de la Plana).
  2. Que el importe total de la citada factura asciende a 559,06 €, de los cuales 461,17 € corresponde a la energía consumida, 0,86 € a servicios y otros conceptos y 97,03 € al IVA.
  3. Que, según consta en el detalle indicado en dicha factura, 329,35 € (313,33 € más el 4,864% x 1,05113 sobre dicho importe en concepto de Impuesto sobre la Electricidad) corresponden a un consumo total de 2.153,9 kWh, mientras que otros 110,89 € (105,50 € más el 4,864% x 1,05113) corresponden a un consumo total de 774,1 kWh.
  4. Que esos 2.928 kWh consumidos corresponden, según la citada factura, a la lectura real de dos contadores: el 0034610640 y el 0032119859, cuyas lecturas (reales) arrojan un resultado de 0 kWh (de 013403 a 013403) el primero y de 589 kWh (de 000000 a 000589) el segundo.
  5. Que para llegar de los 589 kWh de la lectura real que reflejaban los citados contadores hasta los 2.928 kWh finalmente facturados por la empresa suministradora, Iberdrola Generación, S.A.U. ha procedido a incrementar unilateral, aleatoria e interesadamente en 2.339 kWh la lectura del contador 0034610640.
  6. Que los artículos 2.1 y 3.2 del Real Decreto 1718/2012, de 28 de diciembre, por el que se determina el procedimiento para realizar la lectura y facturación de los suministros de energía de baja tensión con potencia contratada no superior a 15 kW (BOE del 14 de enero de 2013), norma directamente aplicable a su cliente al tener contratados 5,75 kW, establecen que la facturación se realizará siempre con base en lecturas reales.
  7. Que las lecturas reales de los contadores incluidos en la citada factura ascienden a 589 kWh, por lo que el importe final de la misma debería ser de 128,45 € (80,27 € de la energía facturada por esos 589 kWh más el resto de conceptos) y no de los 559,06 € que refleja la factura (418,83 € de la energía facturada por 2.928 kWh más el resto de conceptos).
  8. Que la diferencia entre el importe facturado por Iberdrola Generación, S.A.U. y el calculado con base en las lecturas reales asciende a un total de 430,61 € a favor de su cliente.
Por todo lo expuesto,

SOLICITO:

Se abone el exceso de 430,61 € en la cuenta de domiciliación de su cliente, de acuerdo con el apartado sexto de la Resolución de 14 de mayo de 2009, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se establece el procedimiento de facturación con estimación del consumo de energía eléctrica y su regularización con lecturas reales (BOE del 26 de mayo de 2009).

lunes, 24 de febrero de 2014

A què espere, President Fabra?


Va ser vostè mateix, sent alcalde de Castelló, qui va dir que no tenia molt de sentit anar prohibint les emissions d'altres cadenes de televisió: «pongámonos a trabajar, lleguemos a acuerdos y hagamos que la gente pueda ver la televisión que quiera», va dir pocs mesos abans d'accedir al càrrec que ara té. Això va ser quan el seu predecessor, Francisco Camps, va tancar les emissions de la TV3 a Castelló i li va imposar tres multes a Acció Cultural del País Valencià per un valor total de quasi un milió d'euros per atrevir-se a dur-nos als valencians una televisió que parlava el nostre mateix idioma, però que vostès no podien controlar ni manipular.


Van posar, des del palau des d'on ara ens mana vostè, tota mena d'excuses per a no admetre que el que estaven fent (el que volíen fer i, efectivament, van fer) era prohibir que els valencians puguerem veure una televisió pública de qualitat en la nostra llengua. Ja fos per vergonya davant l'exemple del patètic i manipulador Canal 9 (¡ja estava bé de comparar TV3 amb Canal 9!, ¿no?) o ja fos pel constant i històric complexe d'inferioritat que paralitza als valencians de la capital quan els parlen dels catalans, lo cert és que primer era cosa de Zapatero i del seu Ministre d'Indústria, que no els volíen concedir un tercer múltiplex per a donar-los espai radioelèctric als catalans; després, quan ja era el seu partit el què manava al Ministeri d'Indústria, van posar d'excusa als meteoròlegs catalans, que al temps de la TV3 no posaven una ratlla prou grossa a la frontera entre Castelló i Tarragona i això era inadmissible (una annexió imperialista dels catalans). Però és que pel camí, per si no volíen paréixer massa intransigents, van demanar des de la nostra Generalitat que es vegés la nostra tele també a Catalunya (¡quan s'havia vist des de feia moltíssims anys, fins que vostès van acabar amb la reciprocitat per la via directa!), van exigir que a la TV3 s'apliqués la mateixa censura semàntica que van aplicar vostès durant dos dècades senceres a Canal 9, volien que els catalans respectaren uns suposats símbols identitaris valencians que vostès mateixos se passen pel forro quan a Madrid no els pareix bé alguna semblança amb els nostres veïns del nord...

Doncs bé, Molt Honorable President Fabra. Ara ja no els queden més excuses. Ha eliminat vostè la televisió pública valenciana, així que a València capital ja no se sufocaran amb les comparacions; a més, ens ha deixat a molts valencians sense cap mitjà de comunicació en la nostra llengua, i no pareix que açò ho vagen a solucionar vostès des de la nostra espoliada terra, perquè si van tancar Canal 9 per a no tancar col·legis i ara s'han posat a planificar el tancament de col·legis, ja ens explicaran quina  ocurrència tenen en ment per a què els valencians puguem sentir-nos valencians a la nostra casa (¿qui va parlar de símbols identitaris valencians?).

A més, ara ja tenen el múltiplex que necessitaven per a donar-li espai radioelèctric a la TV3. Lliure total. Allà està, morint-se de la risa, el seu múltiplex; i encara sort que no els en van donar un altre, si no ara en tindríem dos, i els dos morint-se de la risa. Als valencians sempre ens ha anat això de ser graciosos i fer que se'n riguen de les nostres gràcies; quan acabe esta crisi, estic segur que superarem de bon tros a Lepe en graciosos, o almenys haurem fet riure molt més que amb aquells acudits. Ara només falta que des de la Generalitat ens donen permís per a què els valencians ens passegem pel múltiplex sense televisió, igual que per l'aeroport sense avions de Castelló. Quan graciosos som els valencians, xé.

Totes les excuses, totes, se'ls han esfumat. Inclús la del mapa del temps de la TV3, que és l'únic, avui en dia, que ens permet als valencians de Castelló o als d'Alacant saber que el nord i el sud del País Valencià són les nostres comarques, i que quan diuen que plourà al nord de València no ens fa falta agafar el paraigües si anem a Morella o a Vinaròs. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua els ha recordat que eixe imperialisme català dels mapes del temps no és més que una representació gràfica d'una realitat reconeguda per tothom excepte pels quatre recelosos i rancorosos que pareix que encara manen molt a la capital de la taronja.

¿I la reciprocitat? ¿On queda ara la reciprocitat? La falsa bandera que durant tant de temps s'ha brandit des de la nostra Generalitat (¡la reciprocitat ja existia, valencians!) ha caigut a terra estrepitosament amb el tancament de Canal 9. Els valencians (si és que alguna vegada ho hem tingut: ¿Canal 9?) ja no tenim res que oferir als catalans a canvi de deixar-nos colonitzar pels bàrbars del nord; es podran seguir negant a que TV3 es vege a Castelló, a València i a Alacant, clar que sí (negar-nos a nosaltres mateixos és molt típic dels xafarders valencians), però ¿no ens negàvem a les emissions de TV3 perquè ells -els maleits catalans- no en volien saber res de la nostra gran televisió de qualitat -i majoritàriament en castellà-? ¿I ara? ¿Ara a què espere, President Fabra? Pose's vostè a treballar, arribe vostè a acords i fage que els valencians -els de València i tots els altres- puguem veure la televisió que vulguem. I no pose com a excusa els col·legis que haurà de tancar, que ja no cola.

Li ho pregunto una altra vegada: ¿a què espere, President Fabra?

miércoles, 5 de febrero de 2014

Contribuyente

Persona obligada por ley al pago de un impuesto; esa es la definición que da la Real Academia de la Lengua del término "contribuyente". Eludir o burlar el pago de los impuestos o contribuciones es la definición de "defraudar".

En España somos 47 millones de contribuyentes y 12 millones de defraudadores; o dicho de otra forma: somos más españoles defraudando que portugueses viviendo en Portugal. Por supuesto, la cifra de españoles defraudadores es un símil, porque las cifras de la economía sumergida (un 25% del P.I.B., 250.000 millones de euros) se refieren a transacciones económicas, no al número de personas que no cumplen con el fisco; pero la pregunta sería: ¿son cifras muy exageradas o no lo son tanto?

«El pequeño fraude aún tiene prestigio. Habría que empezar por valorar más lo que supone pagar impuestos», dice un economista en el Periódico Mediterráneo del 30 de enero; y así es. Pero alguien nos tendrá que explicar qué consecuencias tiene no pagar impuestos para valorar realmente qué estamos consiguiendo con esa excusa tan española de "si fulanito lo hace y todos lo hacen, no voy a ser yo el tonto", una actitud mucho más cómoda y española que denunciar al fulanito que sabemos que lo hace. Así que vamos a utilizar ese símil que he citado antes y nos vamos a poner, con las partidas de sanidad, educación y pensiones de los Presupuestos Generales como ayuda, manos a la obra.

Empezaremos con las pensiones, que salen todas de la caja única de la Seguridad Social y es fácil obtener las cifras para el conjunto de España: si somos 47 millones de españoles y las pensiones nos cuestan (datos de 2013) más de 120.000 millones de euros, eso quiere decir que para que nuestros mayores puedan seguir comiendo debemos aportar, cada uno, unos 2.600 € al año (220 € al mes). ¿Y de dónde sale el dinero para pagar las pensiones? Pues de las cotizaciones a la Seguridad Social de los contratos de trabajo: un 30% (un 4,7% el trabajador y el resto la empresa) del salario bruto se utiliza para eso. Es decir, que si un trabajador cobra 1.000 € brutos al mes, le da de comer a un pensionista y le sobran 80 € para darle de comer a otro más; o lo que es lo mismo, con tres trabajadores que cobren 1.000 € podríamos alimentar a cuatro pensionistas durante un mes.


O lo que también es lo mismo: por cada trabajador que sale del mercado de trabajo legal (trabaja sin contrato), los otros dos trabajadores van a tener que cubrir lo que éste ha dejado de aportar a las pensiones. Es decir, que los dos trabajadores que cumplen con el fisco van a tener que pagar 110 € al mes cada uno para que los cuatro pensionistas puedan alimentarse. Las otras opciones son bajar las pensiones o eliminar pensionistas, que es, por cierto, lo que se está aplicando con la nueva forma de calcular las pensiones y con la ampliación de la edad de jubilación hasta los 67 años.

Pero teniendo en cuenta que no somos 47 millones de españoles cotizando a la Seguridad Social, sino 16 (salimos por lo tanto a casi 8.000 € al año ó 635 € al mes), y que hay 8 millones de pensionistas (que salen a 15.000 € al año ó 1.220 € al mes), podemos trasladar a la realidad las consecuencias que tiene que un trabajador pase a formar parte de la economía sumergida y deje de aportar sus 635 € al mes a la Seguridad Social: si dos trabajadores aportan lo suficiente para pagar la pensión a un jubilado, que uno de ellos deje de hacerlo supone que el otro tenga que aportar el doble, hasta cubrir los 1.220 € que cobra cada jubilado.

Y, sabiendo esto, vayamos pensando en qué tipo de medidas va a tener que aplicar este Gobierno para compensar la prometida rebaja en las aportaciones a la Seguridad Social que hacen las empresas: por cada 10% de rebaja que se les haga a las empresas, cada uno de nosotros (si nuestro vecino no se pasa a la economía sumergida: entonces sería el doble) se va a quedar con 64 € menos al mes. A no ser que la compensación se haga eliminando a 800.000 jubilados o recortando sus prestaciones en 128 € al mes. Y lo mismo pasa cuando nuestros sueldos bajan; hay veces que es complicado entender los aplausos eufóricos ante una rebaja del 10% de la principal fuente de ingresos de la Seguridad Social (bueno, o igual sí se puede entender si el objetivo de quien aplaude es hacer insostenible e inviable el sistema público de pensiones). La recuperación económica, se aplique lo que se aplique, no va a ir con nosotros; puede que veamos pasar el tren, pero no nos van a dejar subir.

Este mismo símil lo podemos aplicar también a la educación de nuestros hijos; las cifras las tomaremos de la OCDE (indicador B2), que dice que en España se invierte en educación el equivalente al 5,6% del P.I.B., es decir, unos 56.000 millones de euros: a cada español nos toca pagar 1.200 € al año ó 100 € al mes para cubir esos gastos. Ese dinero sale de nuestras nóminas (las retenciones de la renta, que consideraremos que son del 20%) y de nuestras compras (el IVA, que consideraremos que está también en el 20%); así, por cada trabajador con contrato que cobre 1.000 € al mes saldrán (por el IRPF) 200 € para pagar la educación de dos hijos. Y por cada factura de 1.000 € que le paguemos, por ejemplo, al fontanero, al mecánico o al pintor, estaremos posibilitando (pagando el 20% de IVA) que puedan estudiar otros dos niños más.


Es decir, que cada vez que nosotros (o nuestro vecino) pagamos una factura de 1.000 € en negro nos estamos ahorrando 200 € que vamos a tener que pagar igual (nosotros, el pintor, el fontanero o el mecánico) en cuanto el Gobierno aumente los impuestos para cubrir esos 200 € que no hemos pagado; y aún tendremos el valor de criticar al Gobierno por cubrir esos 200 € que permiten que dos niños puedan seguir estudiando.

Respecto a la sanidad pública, podemos seguir este mismo esquema. Los 67.000 millones (ahora serán menos) que se invertían en sanidad en 2011 debíamos pagarlos todos los españoles a razón de 1.425 € al año, que son unos 120 € al mes; es decir, que pagar una factura de 1.000 € en B supone que un niño deje de estudiar y que un enfermo acabe muriendo por falta de cobertura sanitaria. Y trabajar sin contrato, lo mismo, además de dejar sin pensión a uno de nuestros mayores.

Ahora ya sabemos las consecuencias que tiene ahorrarnos hoy el IVA, el IRPF o las cotizaciones sociales. Actuemos en consecuencia: dejemos de trabajar en negro o asumamos que estamos contribuyendo a que en nuestra jubilación vayamos a pasar hambre, a que los hijos de nuestros hijos no puedan acceder a la educación y a que acabemos muriendo por una gripe porque las coberturas sanitarias se van a reducir cada día más.

lunes, 3 de febrero de 2014

La desaparición de las becas de transporte que nadie nos contó

Tenemos un gobierno plagado de embusteros, y el Ministro de Educación no es una excepción; el galimatías para calcular la parte variable de las becas a los estudios, con una fórmula que incluye tres incógnitas que no se pueden despejar hasta el final del proceso (número de becarios con derecho a una beca de cuantía variable, nota media de esos becarios y renta familiar media de esos becarios) ha resultado ser una simple cortina de humo para ocultar la estocada que Wert les ha dado, entre otros muchos, a los estudiantes que aun no han abandonado su residencia en nuestros pueblos.
Fórmula para calcular la parte variable de la beca que le corresponde a cada estudiante, donde S, Ni y Ri son el número total de becarios, su nota media y la renta familiar media de todos ellos, respectivamente.
El año pasado, las becas se otorgaban por residencia fuera del domicilio familiar (con mayores importes por estudiante) o por desplazamiento (con importes dependientes de la distancia del desplazamiento, pero siempre inferiores a las becas por residencia).
Tablas de las becas del curso 2012/2013 para los estudiantes universitarios que se tuviesen que desplazar dentro de su misma comunidad autónoma; la beca para residencia y material era de 2.800,00 €, mientras que la de desplazamiento de más de 50 kilómetros y material era de 1.181,00 €.
Este año, esas tablas han desaparecido de la convocatoria de becas, igual que el llamado componente de desplazamiento de las becas generales, reduciéndose además un 46% la cuantía de las becas de residencia (de 2.800,00 € pasan a 1.500,00 €).

Así pues, los estudiantes que tengan que desplazarse para estudiar no obtendrán beca; y los que alquilen una vivienda se tendrán que conformar con la  mitad de la beca del año pasado.

Y el Ministro de Educación afirmando que este año hay más dinero para becas...