sábado, 10 de diciembre de 2011

La construcción: un pozo sin fondo

Desde luego, mi futuro no lo tengo asegurado ejerciendo de adivino; mi optimismo pasado no tenía en cuenta la consabida Ley de Murphy, esa que afirma que si algo va mal, siempre tiende a ir peor.

Analizando los datos del sector de la construcción en Octubre de 2009 y en Junio de 2010 me pareció que se adivinaba, en aquel momento, el final de la sangría en el número de operaciones de compraventa y el de la caída de precios en las viviendas; nada más lejos de la realidad: si bien 2010 fue un buen año estadístico hasta el mes de Agosto (el número de compraventas subieron respecto a los mismos meses de 2009, mientras la caída en los precios parecía tender hacia una clara moderación), en Septiembre de ese año se inició un nuevo descalabro en el número de transmisiones de viviendas, tanto nuevas como usadas, que aun se mantiene a fecha de hoy (con descensos interanuales superiores al 20% y que llegaron incluso al 40% en el mes de Agosto), mientras los precios han alcanzado nuevos mínimos en el tercer trimestre de 2011.

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Según los últimos datos disponibles (de Septiembre de 2011), el número de transmisiones de vivienda nueva ha caído más de un 65% en España y casi un 80% en Castellón desde sus máximos (en Enero de 2007 y en Enero de 2008, respectivamente), mientras que en el caso de la vivienda usada el descenso en el número de transmisiones ha sido, tanto en España como en Castellón, de un 75% desde sus máximos (en Enero de 2007 en ambos casos); asimismo, los precios de la vivienda nueva llevan un descenso acumulado del 16,58% en España y del 25,42% en Castellón desde sus máximos, habiéndose vuelto a los mismos niveles de precios existentes entre 2004 (en Castellón) y 2005 (en el conjunto de España).

Respecto a los precios de las viviendas nuevas, cabe recordar que éstos se llegaron a incrementar más del 200% en España y más del 340% en Castellón en apenas 12 años (entre 1995 y 2007), y que ahora mismo existen ofertas (no del sector de la construcción, sino de las entidades financieras) en Castellón cuyos precios están incluso por debajo de los 36.000 € que costaba de media una vivienda de segunda mano de 90 m² en 1995, por lo que si el sector financiero sigue acumulando viviendas con hipotecas ejecutadas, y los precios de venta se mantienen durante mucho tiempo entorno a los 350 €/m² (una reducción de más del 75% respecto a los precios máximos alcanzados en Castellón, cuando el mercado de la vivienda usada ha reducido sus precios apenas un 18%), al sector de la construcción sólo le quedará como alternativa la desaparición.

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Y si los datos propios del sector resultan alarmantes (con las empresas obligadas a vender ya por debajo del coste de construcción), no lo son menos los referentes a la fuente de financiación de las transacciones: las hipotecas inmobiliarias.

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De las casi 125.000 viviendas hipotecadas en España en Enero de 2007 hemos pasado a las menos de 29.000 en Agosto de este año (el número de viviendas hipotecadas ha caído más de un 75%); si hablamos del montante total de hipotecas concedidas sobre viviendas, el descenso es aun más escandaloso (superior al 80%), pasando de los casi 18.500 millones de euros concedidos en Enero de 2007 a los 3.125 millones de euros concedidos el pasado Agosto. Ambas caídas han hecho descender también, en consecuencia, la hipoteca media de las viviendas, que ha pasado de los 152.481,96 € (en Agosto de 2007) a los 106.888,70 € (en Agosto de este año), es decir, casi un 30% menos desde sus niveles más altos.

Si hablamos de los datos referentes a Castellón, los descensos son aun mayores, alcanzando las caídas el 86,23% en el número de viviendas hipotecadas (de 2.934 a 404), el 93,17% en el montante total de hipotecas concedidas sobre viviendas (de más de 422 millones de euros a menos de 29) y el 52,17% en el caso de la hipoteca media de las viviendas (de casi 150.000 € a poco más de 71.000 €).

Mientras tanto, las tasas de paro del sector se mantienen entorno al 25% en España y al 30% en Castellón, representando los parados de la construcción entre un 8% y un 9% del total de parados tanto en España como en Castellón; asimismo, se sigue manteniendo en niveles disparatados la tasa de temporalidad (por encima del 40%).

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Los 1.370.700 trabajadores que aun mantenemos un empleo en el sector en España ó los 18.000 en Castellón (llegamos a ser 2.717.500 en España y48.000 en Castellón) le estamos generando hoy al sector más del doble de ingresos por la venta de cada vivienda de lo que les generábamos en 2005 (cada trabajador empleado en todo el sector en Castellón contribuía en generar unos ingresos de 3,72 € por cada vivienda de 90 m² que se vendía, mientras que ahora genera 7,52 €); sin embargo, el efecto acumulado de la caída en el número de ventas y en el precio del metro cuadrado hace inviable el mantenimiento durante mucho más tiempo de estos niveles de ocupación (esos aparentes incrementos en la productividad son completamente irreales, puesto que la producción está tendiendo a cero), por lo que es de esperar que los ajustes empresariales en costes laborales se recrudezcan aun más a medio y largo plazo, al menos mientras el sector financiero siga ejerciendo de referente en cuanto a precios y mientras el número de visados y de certificaciones siga por debajo de los niveles de 1992, cifras que llevan irremisiblemente hacia la práctica desaparición del sector, al menos en cuanto a vivienda privada se refiere.

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Y si a todos estos datos estadísticos añadimos la voracidad recaudatoria de todas las administraciones (aunque muy en especial la local y la autonómica, cuyos ingresos se basan en gran parte en el gravamen sobre las propiedades o las transacciones inmobiliarias) y la imperiosa necesidad de la banca de transformar en líquido los innumerables (e incalculables) préstamos hipotecarios concedidos en tiempos de vacas gordas, el futuro a corto plazo de las empresas del sector aparece en el horizonte con meridiana claridad: deshacerse cuanto antes de todos los activos y al precio que sea, si no es que ya es demasiado tarde incluso para regalarlos.

miércoles, 23 de noviembre de 2011

Carta abierta al Círculo de Empresarios

Estimados empresarios integrantes del Círculo de ídem; he leído atentamente su reciente documento Un programa de ajuste y crecimiento para la próxima legislatura, y la conclusión es clara: son ustedes muy espabilados, además de unos hipócritas y unos caraduras.

Tras leerlo podría haberme acordado de sus familias; y no sólo por lo que proponen (que también), sino por esa sibilina autocrítica que impregna todo el documento.

Debe flexibilizarse el marco laboral, en aras de asegurar la supervivencia de las empresas y la recuperación del empleo.

Se debe impulsar la acción de las mutuas privadas en el control del absentismo laboral”.

Es evidente que los trabajadores somos los máximos responsables de la situación de sus empresas; por nuestros salarios, por el despido que cobramos cuando nos dan la patada y por lo vagos e improductivos que somos cuando nos hacen el inmenso favor de contratarnos. También es evidente que los trabajadores más productivos y menos vagos son los familiares que ustedes ponen al frente del primer departamento en el que queda una plaza vacante (normalmente forzada, no por fuerza mayor, sino por sus cojones), cuyo despido pagan ustedes gustosamente (el de sus familiares, para contribuir solidariamente a la compra de ese coche que siempre han querido, no el del vago trabajador improductivo despedido) y cuyo salario nunca es suficiente para llegar a fin de mes. Además, al ser cargos de confianza, pueden abonarle parte del salario en negro, haciendo del puesto de trabajo el más productivo (contablemente, que no realmente) de la empresa (la de retenciones y seguros sociales que se ahorran, y la de dinero que se puede blanquear así cada año, ¿verdad?). Si al menos hubiese algún trabajador que se quedase una o dos horas más por la cara para sacar adelante esas gestiones urgentes que al mes siguiente siguen encima de su mesa (de la de usted, no de la del trabajador) no tendrían que proponer medidas de investigación privada contra el absentismo laboral; pero es lo que hay, así que no les queda a ustedes más remedio que proponerlo.

Costes laborales mensuales por trabajador 2000-2010 (España-Alemania)

Además, sabiendo como sabemos que sólo les costamos a ustedes un 40% (ó 17.000,00 € al año) menos que los trabajadores alemanes a los competitivos empresarios germanos (seguros sociales y costes del despido incluidos), no puede entenderse cómo no nos damos cuenta de la insoportable carga en la competitividad que suponemos los trabajadores para sus empresas. Si en lugar de mirar a los alemanes mirásemos a los chinos otro gallo nos cantaría; pero no es así, y por eso se han visto obligados a proponer la reducción de la indemnización por despido y, ya de paso, también del salario mínimo interprofesional.

La normalización del crédito es una condición necesaria para recuperar el ciclo económico y frenar la sangría del desempleo.

Las entidades [financieras] deben informar en detalle sobre su exposición potencialmente problemática, su estructura de financiación y su solvencia.

Existe un problema de exceso de estructuras comerciales y de reducido tamaño medio de las entidades [financieras], que redunda en una menor eficiencia y productividad, especialmente en las Cajas de Ahorros”.

BIS - The real effects of debt (2011-09) (Tabla A2-2)

También es obvio que las entidades financieras les engañaron a ustedes; y, vistas las cifras, les engañaron mucho: las empresas españolas tenían a finales de 2010 una deuda equivalente al 193% del PIB español, o lo que es lo mismo, estaban endeudadas por el equivalente a todo lo que se produce en nuestro país en dos años (hasta el cuello, vamos). Nada que ver con apuntarse a los pelotazos urbanísticos (es obvio que el único empresario que modificó los estatutos de su empresa para incluir la “Actividad inmobiliaria en general” fue El Pocero, conocido en el mundo entero), ni a crear una pequeña empresa con un par de solares como capital social (urbanizables, eso sí, e hipotecados, eso también); nada que ver con esa sana costumbre del “culo veo, culo quiero” en la que ustedes nunca jamás han caído, caen ni caerán. Por supuesto, también es obvio que lo firmado con la banca no es un lastre para sus empresas; por eso esos contratos financieros están para cumplirlos, no como los laborales, que hacen insoportable la rentabilidad, la liquidez y hasta la solvencia empresarial; y por eso también exigen un poco (o un mucho) más de crédito al sector financiero: aun hay margen para reducir plantilla (aun han de soportar la carga de 25 millones de trabajadores) y así poder pagar más intereses. Y es que, vista la idiocia del trabajador medio español, alguien ha de ser quien vea más allá del cortoplacismo imperante en nuestra clase obrera.

Asimismo, es indiscutible que la estructura empresarial española, basada en pequeñas y medianas empresas, aprovecha mucho más las economías de escala que cualquier otra forma de organización empresarial y permite una mejor y más eficiente gestión de las productividades (¿no es esa misma estructura la que les exigen ustedes a las entidades financieras para mejorar sus productividades?); no obstante, si la productividad y la competitividad de las empresas españolas no se incrementan lo suficiente no es responsabilidad del sufrido empresario emprendedor, sino de otros factores como la rigidez del mercado laboral, la incompetencia de los organismos públicos, las excesivas cargas impositivas, la burocracia, los sindicatos, los convenios colectivos, el sistema financiero, el socialismo, la sanidad, el comunismo, la inseguridad jurídica, los nacionalismos, la deuda pública, el INEM, la mala educación… y, sobre todo y por encima de todo, unos trabajadores vagos y poco entregados a sus obligaciones laborales.

Si no queda más remedio, y resulta del todo inevitable, los márgenes de subida [de impuestos] menos dañinos están en la imposición indirecta (IVA e Impuestos Especiales).

Donde sí se pueden obtener ingresos es en la lucha contra el fraude, ya que parece claro que en la actual coyuntura se está registrando un aumento de la economía sumergida”.

No podemos olvidar tampoco la incuestionable afición del vago y pícaro trabajador español a defraudar al fisco o a obligar al sufrido emprendedor a emplearlo sin contrato para ahorrarse los seguros sociales; de ahí que en su documento se hayan visto obligados a denunciar el fraude fiscal y la contratación ilegal como medida para incrementar los ingresos necesarios para que el Estado promueva actividades empresariales más productivas y les pueda financiar de paso las campañas publicitarias en el exterior para poder vender sus productos fuera de nuestras fronteras. Y por supuesto, como muestra de su incuestionable voluntad de contribuir a las arcas del Estado, admitirían como ultimísimo recurso un incremento en los tipos de IVA que ustedes se desgravan y que sus clientes (nosotros los trabajadores) pagan; como igual de incuestionable es que un incremento en los impuestos sobre los beneficios empresariales serían perjudiciales para la sociedad en general y para ustedes en particular, y de ahí que se nieguen rotundamente en el documento a una contribución tan injusta a la caja común.

Los convenios de empresa deberían ser siempre prevalentes sobre el resto de convenios.

Mayor flexibilidad en el recurso a las cláusulas de descuelgue de los convenios colectivos de ámbito superior, tanto en lo referente a salarios como al resto de parámetros.

Se debe eliminar la actual prohibición de los contratos parciales de hacer horas extraordinarias y liberalizar la distribución de las horas complementarias de los mismos”.

Irrebatible resulta asimismo el hecho de que la unión de los trabajadores a través de sindicatos demasiado fuertes ejerce una grave distorsión sobre el normal desarrollo del libre mercado, puesto que con ello se le resta autoridad al empresariado; de ahí que se hayan visto obligados a proponer la eliminación inmediata de esas uniones de trabajadores, reduciendo primero a la nada la siempre perjudicial negociación colectiva a cualquier nivel superior a la empresa y proponiendo como única solución la libre negociación de las condiciones laborales entre empresario y trabajador, así como la conversión de los sindicatos en meros despachos de abogados privados; irrebatible es también el perjuicio que supone para las empresas españolas contratar a un trabajador a tiempo parcial y no poder emplearlo a tiempo completo por las restricciones horarias de estos contratos, por lo que han tenido que plasmar en su documento una propuesta destinada a eliminar esas restricciones. Y es que, como todo el mundo sabe, las horas del día y de la noche que un trabajador destina a otros menesteres distintos a su trabajo es una de las principales causas de que las empresas españolas no sean competitivas, y de ahí que hayan ustedes pensado en el bien que le harían a nuestro país esas horas perdidas que el trabajador dedica a las amistades, a la familia o incluso a pensar, que es aun peor.

En definitiva, que me ha llenado de honda satisfacción ver cómo ustedes son capaces de reconocer sus propios errores; un ejercicio de autocrítica nos vendría a todos muy bien para intentar remontar esta interminable crisis, y son ustedes (¿quiénes si no?) los que han dado el primer paso.

Enhorabuena.

sábado, 5 de noviembre de 2011

El futuro, una simple cuestión de prioridades

Podemos leer en la contraportada de un libro editado por Bankia y recientemente publicado por La Gaceta de los Negocios que esta crisis ha acercado la economía a todos los rincones de la sociedad, por lo que cabe concluir (tal cual puede leerse en ese libro) que la economía se ha democratizado; una conclusión, por otra parte, muy en la línea de los grandes pensadores neoliberales.

Sin embargo, es muy difícil llegar a esa misma conclusión sin tener como prioridad absoluta a la economía; de hecho, se llega a la conclusión contraria si se toma como prioridad la democracia: ésta se ha economizado, es decir, que se guía hoy por los poderes económicos más que por soberanías. O lo que es lo mismo: la democracia ha dejado de ser democracia.

De hecho, la única forma de democratizar la economía es a través de la gestión directa de ésta por el pueblo soberano; y eso tiene un nombre y se llama comunismo. Es de suponer que ni en Bankia ni en La Gaceta de los Negocios querían decir, y ni siquiera dar a entender, que esta crisis nos ha llevado a un sistema comunista.

Cuando la economía es la base sobre la que se pretenden desarrollar todas las demás cuestiones vitales, la única conclusión posible a la que se llegaría es que el mejor sistema político para la sociedad sería aquél que estuviese al servicio de la economía; es decir, aquél sistema político que hiciese más eficiente el desarrollo económico. Básicamente, lo que acabaría concluyéndose es que las mejores formas de gobierno son aquéllas que se asemejan más a las propias empresas (entre las cuales no se encuentra, evidentemente, la democracia); de ahí que desde la ideología neoliberal (que ha traspasado ampliamente la delgada línea que separa el desarrollo económico como medio del desarrollo económico como fin en sí mismo) se pretenda desregular el funcionamiento de la economía (es decir, separar el sistema democrático del sistema económico, evitando que pueda democratizarse). En definitiva, las teorías neoliberales aceptan las democracias como un mal menor, aunque sus insistentes demandas contra la regulación de los mercados sólo denotan en última instancia un rechazo frontal a este sistema político, considerándolo una lacra para el desarrollo económico.

Ese uso del desarrollo económico como fin en sí mismo (crecimiento económico desmesurado e ilimitado) es el que ha desembocado en la creación artificiosa de productos financieros sin base monetaria real (una burbuja financiera, que es la que nos ha llevado a esta situación de crisis sistémica), igual que sucedió con la creación artificiosa de necesidades inmobiliarias (la burbuja inmobiliaria previa a la burbuja financiera); la ausencia de regulación en el primer caso (los mercados de productos financieros secundarios –donde se mezclan productos financieros de todo tipo– nunca han estado regulados) y el mal uso de la regulación en el segundo (se utilizó y se promocionó la construcción como financiación principal de las administraciones públicas locales) permitieron que el propio mercado diese rienda suelta a ese crecimiento sin límites que ha acabado por estallarnos a todos.

Por lo tanto, la primera cuestión a determinar para construir nuestro futuro es si queremos formar un sistema basado en la economía o si queremos crear un sistema basado en la democracia. La configuración de todas las libertades individuales restantes se derivarán de esa determinación.

Democracia o economía

Así, si tomamos partido por un futuro basado en la economía deberán restringirse las libertades individuales de los trabajadores, que deberán subyugarse obligatoriamente al fin último del crecimiento económico, renunciando a muchos de los derechos existentes hoy; obviamente, tomar parte por ese futuro implica también que el sistema político asociado a esa base económica podrá ser cualquiera, si bien el democrático tendrá muy pocas posibilidades de ser el elegido (la subyugación de la masa social más numerosa, y su consiguiente pérdida de derechos, debería ser voluntaria en un sistema democrático).

Y si tomamos partido por un futuro basado en la democracia, las teorías neoliberales actuales deberán adaptarse a la subordinación del crecimiento económico a la voluntad libre y democrática de los ciudadanos, asumiendo que la cesión de poder de decisión desde el sistema democrático hacia el sistema económico (que es lo que nos ha llevado al actual despotismo, que incluso es capaz de impedir el ejercicio de la soberanía a un pueblo entero) no se va a poder producir de nuevo.

miércoles, 2 de noviembre de 2011

Caminando hacia la revolución

Parece que ya no hay vuelta atrás; la recaída en la recesión, que muchos esperaban para septiembre del año que viene, ya está aquí. No hay tiempo ni tan siquiera para tomar posiciones: el barco se hunde y cada cual va a intentar salvarse como pueda. Estados Unidos aplicando recetas expansivas y la Unión Europea aplicando (o al menos eso intentan) recetas recesivas; sin embargo, todo parece indicar que no hay receta que pueda salvar al sistema, y que su muerte será más brusca (que no indolora) de lo previsto.

Con casi cinco millones de parados en nuestro país, esta segunda recesión nos lleva directos al colapso social (el económico parece ya inminente e irremisible), y en esa situación el pacífico 15-M puede ser devorado por otros movimientos mucho menos dados a la participación y al diálogo.

Camuflada tras las rimbombantes teorías económicas neoliberales y con la impasible inoperancia política, la gran mayoría no nos habíamos dado cuenta de que el libre mercado hacía tiempo que había sido devorado por la libre especulación financiera; que cuando se hablaba de competitividad o de productividad, del Estado de Bienestar o del futuro de las pensiones, se estaba intentando medicar a un ente inerte, mientras su verdugo continuaba desgajando su cuerpo para exprimirlo por completo antes de su completa desaparición.

Hoy nos encontramos ante un mercado financiero con obesidad mórbida; y ha devorado ya a tantas víctimas que se está quedando sin alimento. Y como si fuésemos víctimas de un absurdo Síndrome de Estocolmo, le seguimos dando al mercado financiero todo aquello que nos pide (más inyecciones multimillonarias de capital) mientras el mercado financiero nos advierte de que nosotros tenemos que comer mucho menos, o mejor incluso si dejamos de comer y le damos nuestros alimentos a él.

Este país nos va a hundir a todos”, ha afirmado rotundamente un señor señalando el nombre de Grecia en la página de un periódico que estaba leyendo esta mañana en el bar de la esquina; ante semejante ejercicio de autoconvicción he optado por asentir, aunque para mis adentros he pensado que si un referéndum en un país que supone el 2% del P.I.B. de la Unión Europea nos va a hundir a todos es porque ya estábamos hundidos mucho antes de que los griegos pudiesen votar si su muerte financiera ha de ser lenta o rápida; de hecho, los cuatro primeros párrafos de esta entrada los tenía escritos desde finales de septiembre, y parece ser (visto el panorama económico y financiero desde 2008) que podría haberlos escrito incluso mucho antes (aparqué su desarrollo y publicación por parecerme excesivamente pesimista respecto al futuro, pero el último artículo de Juan Luis Cebrián, mucho más pesimista que el inicio del mío, me ha animado a acabarlo).

La cuestión es que podemos culpabilizar de la caída del sistema a Grecia, a los mercados, a la política, a los bancos, al G-20, al vecino o a nosotros mismos, y seguro que encontraríamos una parte de responsabilidad en cualquiera de ellos; pero mientras nos obsesionamos en buscar culpables estamos perdiendo un tiempo precioso en iniciar el cambio de sistema. Y hay muchos (seguramente los menos indicados para ello) que ya están tomando posiciones; y si han de ser los férreos defensores del capitalismo más salvaje quienes nos saquen de esta crisis del sistema capitalista, el futuro se presenta poco halagüeño.

El problema es que ideológicamente el comunismo ha sido desacreditado; y en la práctica, también. Esta situación ha conllevado la omnipresencia del capitalismo como única vía ideológica posible en nuestra sociedad; este monopolio ideológico ha sido posiblemente la principal causa de su propia caída, puesto que las únicas fuerzas que podían ejercer algún tipo de contrapeso (el propio comunismo, la socialdemocracia o incluso la sociedad a iniciativa propia) han sido incapaces hasta tal punto de frenar la voracidad de lucro de los sistemas financiero y económico que incluso han acabado alentando los desmanes propios de cualquier sistema basado en la avaricia. Y si, tal y como venían pregonando desde la derecha hace ya mucho tiempo, el futuro va a tener que decidirse sin luchas ideológicas de por medio, la primera ideología que debe apartarse del futuro es la que ha caído con esta crisis: el propio capitalismo; sólo con la muerte de las dos ideologías enfrentadas desde el siglo XIX puede abordarse el futuro sin luchas ideológicas.

Ahora bien, si el teórico poder de las democracias se ha pervertido y desviado de tal forma que ha acabado en manos de una élite (una especie de nuevo despotismo ilustrado) como el G-20, los bancos centrales, el FMI o el recientemente bautizado “Merckozy”, todos ellos firmes creyentes y defensores acérrimos del actual sistema caído, de forma que la soberanía popular ha acabado siendo una utópica declaración de intenciones en las constituciones de los países autodenominados democráticos, va a ser misión imposible apartar a esas élites (completamente ideologizadas) de las decisiones sobre el futuro de nuestras sociedades. No queda otra salida, pues, que la lucha ideológica; y el inicio de esa lucha sólo puede abordarse tomando como base las dos últimas ideologías caídas (capitalismo contra comunismo). Abordar la construcción de un futuro desde la nada (sin base ideológica alguna) no es posible en tanto en cuanto el poder de decisión real está en manos de esa élite despótica; afirmar lo contrario sólo puede interpretarse como un apoyo explícito a quienes ahora tienen el poder de decisión real, que son los mismos que nos han llevado a esta crisis sistémica.

Por supuesto, estas disquisiciones son totalmente utópicas: el poder nunca abandona sus posiciones sin ofrecer resistencia, nunca reconoce sus errores si nunca antes se le han exigido responsabilidades y defenderá su ideología como la mejor o incluso como la única posible y viable. Como dice Juan Luis Cebrián en su artículo de hoy en El País, las crisis sistémicas llevan aparejadas acciones violentas contra el poder establecido que pueden acarrear destrucción y muerte; atajar esas acciones violentas mediante una revolución pacífica aun es posible si realmente se tiene la voluntad de salir adelante construyendo otro sistema más justo con todas las personas, independientemente de su capacidad adquisitiva, e incluso un sistema más participativo y en el que no quepa ningún tipo de despotismo. Es cierto que ha de ser a través de la verdad como se construya ese sistema, pero seguramente no será posible construirlo con la actual actitud de nuestros políticos.

Siempre quedará, por supuesto, la revolución violenta y la contrarrevolución sanguinaria; pero si llegamos a eso seremos muchos los que no llegaremos a conocer nunca otro sistema que el depravado sistema actual. Y es una lástima que la experiencia y la propia Historia nos hayan demostrado una y otra vez que las crisis sistémicas nunca han tenido una solución pacífica.

viernes, 2 de septiembre de 2011

Anulen la reforma de la Constitución

Porque es una reforma emanada de una reunión bilateral entre Francia y Alemania y por lo tanto no responde a una política de la Unión Europea ni a ningún acuerdo internacional suscrito por España.

Porque es una reforma que se salta la soberanía nacional, que reside en el pueblo español y no en los representantes del pueblo francés o del pueblo alemán.

Porque con la negativa a refrendar la reforma mediante una consulta al pueblo español, que podría otorgarle legitimidad a esa modificación constitucional de carácter antidemocrático, se llega al punto más álgido del despotismo ilustrado en el que se ha convertido la supuesta democracia que instaura la propia Constitución.

Porque los mercados, a quienes debería calmar la reforma, siguen especulando con la deuda española hoy mismo, el día en el que ha quedado aprobada en el Congreso de los Diputados esa modificación constitucional.

Porque las turbulencias y especulaciones financieras que se pretenden calmar con esa reforma de la Constitución no tienen nada que ver con la Constitución.

Y, en definitiva, porque si las numerosísimas modificaciones a la Constitución que se han reclamado internamente, tanto a través de los cauces parlamentarios como a través de protestas o iniciativas ciudadanas, han sido rechazadas una y otra vez por los representantes del pueblo español, resulta muy difícil (o imposible) entender cómo “los mercados”, o dos países cualesquiera, logran en dos semanas lo que los españoles no han logrado en más de 30 años.

A no ser, claro está, que lo que se quiera es demostrar al pueblo español que su soberanía ya no sirve.

jueves, 28 de julio de 2011

Nuestro déficit es noticia… a veces

Los datos de nuestro déficit suelen ser noticia habitual en los medios de comunicación; raro será el español que no haya desayunado, comido y cenado acompañado de algún locutor de radio o de televisión advirtiendo de ese déficit que mantiene tan alterados a esos entes abstractos y omnipresentes que son los mercados.

Pues bien, el déficit también ha sido noticia hoy, aunque algunos lo habrán echado de menos; esta mañana era noticia en El País, en El Mundo y en Público, pero no por lo habitual (su imposible reducción sin tocar los sueldos –por no decir otra cosa– de los currantes, mientras Telefónica se preocupa porque sólo ha ganado poco más de 3.000 millones de euros hasta Junio y el Santander sube un 25% los sueldos a sus directivos).

2011-07-28 - El País (Digital)

2011-07-28 - El Mundo (Digital)

2011-07-28 - Público (Digital)

Sin embargo, un vistazo al ABC o a Libertad Digital esta mañana nos hubiese dejado inquietos: el déficit no era noticia hoy, o lo era muy poco.

En ABC encontrábamos una noticia relacionada, aunque sólo referente a la Seguridad Social:

2011-07-28 - ABC (Digital - Mañana)

En Libertad Digital costaba encontrar la noticia:

2011-07-28 - Libertad Digital

No, no busquen; ahí no estaba. Tal vez un poco más abajo…

2011-07-28 - Libertad Digital - Sin déficit 1

Pues tampoco… A ver un poco más abajo:

2011-07-28 - Libertad Digital - Déficit

¡Ahí está! Bueno, tampoco seamos malpensados; puesto que se trata de una noticia económica, igual es que le tienen reservado un papel más destacado en su apartado de economía (Libre Mercado). Veamos:

2011-07-28 - Libre Mercado (Libertad Digital)

Vaya, pues parece que tampoco es noticia económica de relevancia; a ver un poco más abajo:

2011-07-28 - Libre Mercado (Libertad Digital) - Déficit

¡Ahí lo tenemos! Escondida, pero ahí está la noticia del día sobre nuestro déficit.

Eso sí, una vez cerrada la Bolsa, ABC ya ha considerado conveniente publicar la noticia:

2011-07-28 - ABC (Digital - Tarde)

Cualquiera diría que hay a quien le interesa que a España la castiguen; y parece que no son sólo los especuladores del Deutsche Bank.

Veremos quiénes llevan mañana a su portada de las ediciones impresas la noticia del déficit.

miércoles, 22 de junio de 2011

Costes laborales por trabajador en España y en Europa

Aprovechando la reforma de la negociación colectiva, y con el aparentemente único objetivo de forzarla a un estrepitoso fracaso, la Confederación de Empresarios Independientes de Madrid (CEIM) volvió a poner en la diana de todos los males empresariales a la insoportable carga en los costes laborales que han de afrontar y que supone un lastre insalvable en la competitividad de las empresas españolas; la brillante propuesta de los empresarios era crear un nuevo contrato temporal con una única obligación empresarial: pagar el salario mínimo interprofesional (641,40 € al mes).

Una vez más, los trabajadores parecemos ser los únicos responsables de la incompetencia o la avaricia de muchos empresarios y del mal funcionamiento y la pésima planificación financiera y empresarial de este país, y como castigo no nos merecemos otra cosa que ajustar nuestros salarios a los niveles existentes en Rumanía o en Lituania (de donde han tenido que huir miles de trabajadores para encontrar un trabajo medianamente remunerado); es hora de decir basta a esta falsedad, repetida hasta la saciedad por las organizaciones empresariales como la CEOE (de quien forma parte la propia CEIM), por los nuevos salvapatrias ultraliberales y por los máximos dirigentes de bancos y cajas.

Es falso que sean los costes laborales los que restan competitividad a las empresas españolas; es totalmente falso si observamos los datos internos de las empresas (el coste laboral por trabajador ha aumentado siempre por debajo del resto de partidas de ingresos o de gastos empresariales) y es totalmente falso si realizamos una comparativa con el resto de países europeos (España está por encima de Grecia, de Portugal, de Polonia, de Rumanía, de Hungría o de Malta en costes laborales por trabajador, y por debajo de Bélgica, de Alemania, de Dinamarca, de Luxemburgo, de Austria, de Finlandia, de Suecia, de Reino Unido, de Francia o incluso de Irlanda).

Año

Totales
Mensuales Anuales
2000 1.769,25 € 21.231,00 €
2001 1.840,17 € 22.082,04 €
2002 1.921,27 € 23.055,24 €
2003 2.008,76 € 24.105,12 €
2004 2.070,04 € 24.840,48 €
2005 2.128,21 € 25.538,52 €
2006 2.230,11 € 26.761,32 €
2007 2.320,23 € 27.842,76 €
2008 2.431,92 € 29.183,04 €
2009 2.516,82 € 30.201,84 €
2010 2.526,97 € 30.323,64 €

Los costes laborales totales (incluidas las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social) por trabajador se han incrementado en un 42,83% entre 2000 y 2010, así que con estas cifras en la mano los empresarios alegan unas desmesuradas cargas para responsabilizar directamente a los asalariados de sus pérdidas, tanto contables como en competitividad; pero la realidad es muy distinta a lo que podrían alegar mostrando aisladamente esta gráfica o alguna similar:

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Todas las variables económicas y contables de las empresas se incrementaron por encima del 60% entre los años 2000 y 2009 según los datos de Contabilidad Nacional del Instituto Nacional de Estadística (aun no hay datos para 2010), por lo que resulta muy difícil responsabilizar a los trabajadores (cuyos costes se han incrementado unitariamente en un 42,25% en ese mismo período) de las pérdidas de competitividad de las empresas; con el fin de comprobar y comparar los datos de las diferentes variables en relación con esos costes laborales por trabajador, hemos tomado el año 2000 como referencia y hemos igualado todas las variables a los costes laborales totales por trabajador, de forma que la evolución temporal de cada variable se realice con cifras equiparables:

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En el gráfico anterior, la línea azul de más abajo (la más plana) corresponde a los costes laborales anuales por trabajador; el resto de líneas se corresponden con otras variables de la contabilidad empresarial, destacando sobre todas las demás dos de ellas: los intereses pagados por las empresas y los dividendos repartidos a los accionistas.

¿Qué significado tienen esos desvíos respecto al resto? En el caso de los intereses (la destacada línea naranja), lo que observamos es que si en el año 2000 el importe de los intereses pagados por las empresas españolas se equiparara a los costes laborales por trabajador (partiendo de una cifra de 21.231,00 € anuales), esos intereses hubiesen supuesto costes que hubiesen llegado a triplicar (hasta los 66.677,96 € en 2008) el incremento en los muy comedidos costes laborales por trabajador; esa sí podría apuntarse, por lo tanto, como una de las principales causas de la pérdida de competitividad de las alegremente endeudadas empresas españolas (y no hay que olvidar que los intereses no incluyen las obligadas amortizaciones o devoluciones de capital que siempre les acompañan). Y eso no es responsabilidad de los apaleados trabajadores.

Pero lo más curioso de esta comparativa es el disparate de la línea azul que acompaña a la naranja en la parte alta del gráfico; esa línea azul corresponde al reparto de dividendos (es decir, al reparto de los beneficios empresariales), que debería correr paralela a la línea azul (beneficios) que queda más o menos encerrada entre los impuestos (la línea morada) y los costes laborales acumulados (la verde). Ante los avisos de una inminente crisis inmobiliaria que empezaron a oírse ya con fuerza entre 2003 y 2004, parece que el empresariado español prefirió ir recogiendo beneficios antes que reinvertir sus ganancias en mejorar su competitividad o en diversificar sus actividades de cara a asegurar la futura viabilidad de sus empresas; y ahora pretenden que seamos los trabajadores quienes paguemos el pato de su avaricia y de su oportunismo rebajándonos el sueldo.

En definitiva, lo que obtenemos de los datos internos de las empresas es que los costes laborales por trabajador (es decir, lo que paga un empresario por contratar a un trabajador) se han incrementado poco más del 40% mientras el valor de la producción se incrementaba en un 60%, los pagos por intereses en un 114,21% y el reparto de beneficios en un 137,28%; y la solución que proponen los representantes de los empresarios es despedir gratis y pagar 641,40 € al mes. Esta es la lógica empresarial española.

Pero es que si los datos internos resultan escandalosos, los datos comparados con nuestros socios europeos son para llevarse las manos a la cabeza; si queremos compararnos con Alemania, observamos que a las empresas del país de Ángela Merkel les cuesta 47.772 € anuales la contratación de cada trabajador, casi un 60% más de lo que les cuesta a las empresas españolas una unidad de trabajo. ¿Son un lastre los costes laborales alemanes para la competitividad de sus empresas? Pues si nos atenemos a la opinión de empresarios, neoliberales y banqueros españoles, no. ¿Cómo se llega entonces a concluir que son los 17.448,36 € que se ahorran las empresas españolas en la contratación de cada trabajador los que suponen una carga para su competitividad respecto a las empresas alemanas?

Volvamos otra vez a aislar los datos en una gráfica (haciendo una simulación como la que hemos hecho en el gráfico anterior, de forma que España y Alemania partiesen de los mismos costes laborales en el 2000), que es la que podrían mostrar la CEOE, algún economista del Instituto Juan de Mariana o algún destacado dirigente de FUNCAS (la Fundación de las Cajas de Ahorro):

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Y ya tendríamos la justificación perfecta a los argumentos esgrimidos por los ultraliberales: los trabajadores españoles deben bajarse el sueldo para recuperar la competitividad perdida desde el año 2000 a esta parte. Claro, que esta gráfica podría realizarse con otros datos, como por ejemplo la evolución del IPC:

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Con lo cual tendríamos una explicación bien distinta al incremento relativo de los costes laborales en España respecto al incremento en Alemania: la convergencia europea exige esfuerzos (los precios al consumidor sí convergen hacia los precios europeos), pero esos esfuerzos también deben ir acompañados de alguna recompensa si lo que se quiere es que todos los países lleguen a niveles de consumo suficientes para absorber la producción de la propia Unión Europea. Así, unificando los dos gráficos anteriores, observamos que los costes laborales españoles han evolucionado por encima del IPC español:

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Pero también podemos observar que esos costes laborales siguen estando muy por debajo de los costes laborales alemanes y que la tendencia es a la estabilización de esa diferencia:

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Y todo esto teniendo en cuenta que Alemania es el 7º país europeo en coste laboral por trabajador y España ocupa una discreta 12ª posición, y siempre teniendo presente que la dispar evolución del IPC y de los costes laborales en otros países (como es el caso de Francia, que es el 4º país europeo en coste laboral por trabajador) han sido prácticamente idénticas a las de España:

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Por lo tanto, los costes laborales o su indexación al IPC, si nos atenemos tanto a los costes internos de las empresas como a las cifras comparadas con los principales países de la Unión Europea, no son los grandes responsables de la pérdida de competitividad española, por mucho que se empeñen en repetirlo una y otra vez. En definitiva, que ya va siendo hora de que se deje de señalar continuamente a los trabajadores como principales responsables de los males de todas las empresas, siendo urgente que se adopten las medidas necesarias para que las políticas y las actitudes empresariales de este país se modernicen y puedan equipararse a las del resto de empresas europeas.

Por último, una cita:

El rigor de la normativa laboral y de protección de los trabajadores contra el despido, medido por un indicador desarrollado por la OCDE, se encuentra directamente relacionado con el número de empresas que declaran no contratar debido a esa protección. Sin embargo, la legislación general establece muchas exenciones, especialmente para las empresas más pequeñas, por lo que la media de los expertos considera que a una pequeña empresa le sería relativamente fácil despedir a un trabajador cuando no hay trabajo suficiente. Además, aunque resulte algo más difícil despedir a un trabajador por razones personales, tampoco parece que sea un problema insuperable considerado objetivamente. Así pues, pudiera ser que las preocupaciones de las empresas con respecto al problema del despido sean hasta cierto punto exageradas o estén basadas en información inexacta.

Esta cita corresponde a un informe encargado por la Comisión Europea a un comité de expertos para que se estudiaran las posibles mejoras en los procedimientos de contratación y de despido por parte de las PYMES; parece ser que este informe se les pasó por alto tanto a la CEOE como a los nuevos gurús del neoliberalismo.

lunes, 20 de junio de 2011

El PP gana las elecciones y se sube los sueldos

Cualquiera lo diría con esta propaganda diciendo justamente lo contrario, ¿verdad?

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Bueno, pues la realidad es que se ha subido el sueldo un 2%. Él y todos los concejales del Ayuntamiento de Castellón, incluidos los del PSOE y los del Bloc (que se han abstenido ante esta propuesta “anticrisis”) y la de Izquierda Unida (que es la única que ha votado en contra de la subida).

Es la segunda vez, pues hace un año lo rebajó un 15%”, reza el subtítulo; no cabe, por lo tanto, otra interpretación: hace un año se lo rebajó un 15% (de 90.000,00 € brutos al año pasó a cobrar 76.500,00 €) y este año se lo rebajará otro 13% (cobrará 66.555,00 €).

Claro, que si hacemos la división entre 12 meses nos salen 1.000,00 € menos de los 6.464,00 € que dice el segundo subtítulo, así que algo no cuadra aquí, y no cuadra por 12.000,00 €, por lo que no se trata de una pequeña discrepancia sin importancia.

La trampa está en que Alberto Fabra va a cobrar un 13% menos de lo que cobraba antes de la crisis; y claro, si ya cobraba un 15% menos y ahora va a cobrar un 13% menos (siempre en relación con su sueldo pre-crisis), lo que ha hecho en realidad es bajarse el suelo el año pasado un 15% y subírselo éste un 2%. Parece que algunos ya dan la crisis por finalizada, al menos en Castellón.

Y no olvidemos que PSOE y Bloc (aunque estén en minoría y sus votos no hubiesen servido para nada) se han abstenido; para que después haya quien quiera demostrar que “no todos los políticos son iguales”, ¿verdad? Pues ya va siendo hora de que se vaya demostrando, porque los hechos dan la razón a quienes dicen lo contrario.

jueves, 16 de junio de 2011

Cómo justificar un Golpe de Estado a una democracia europea (I)

La justificación del Golpe de Estado como respuesta al asesinato de Calvo Sotelo

«Julio de 1936. Es asesinado uno de los líderes de la oposición, Calvo Sotelo, mientras el otro, Gil-Robles, se libra por no hallarle en casa los criminales. Las últimas dudas de los conspiradores se disipan y una parte del ejército se subleva contra el Frente Popular. El gobierno reacciona, tras algunas resistencias, armando a los sindicatos. Con ello acaba de arrasar la Constitución y cede a la presión revolucionaria».

Este párrafo resume a la perfección el sentir y el pensar de los defensores del alzamiento nacional del 18 de Julio de 1936; el párrafo lo encontraremos, cómo no, en uno de los libros de Pío Moa (“Los crímenes de la Guerra Civil y otras polémicas”, página 17).

El día 12 de Julio de 1936 los conspiradores aun tenían dudas; el 13 dejaron de tenerlas y el 17 llevaron a cabo un Golpe de Estado contra… ¿el Frente Popular? ¿No querrá decir Pío Moa que el ejército se sublevó contra el Gobierno elegido en las urnas cinco meses antes? No, es evidente que no es eso lo que quieren decir los defensores de Francisco Franco Bahamonde; se hace imprescindible nivelar la legitimidad democrática de las urnas y de las armas, y la balanza se desnivela demasiado si en una parte hay un Gobierno democrático y en la otra un ejército armado. Es necesario elegir otro contrapeso al que sea mucho más fácil ir restándole legitimidad hasta al menos dejarla equilibrada con la de unos golpistas; y el Frente Popular (una mezcla de tendencias ideológicas, la fórmula perfecta para aislar y destacar a la facción con menor legitimidad democrática –los anarquistas, a quienes es relativamente fácil unir otros líderes a través de declaraciones convenientemente aisladas y descontextualizadas– para acabar extendiendo sus desmanes a la totalidad de la coalición) cumple a la perfección con ese objetivo.

Paralelamente, todo lo que reste legitimidad al Gobierno elegido en las urnas servirá también para restar legitimidad al conjunto de la coalición que ganó las elecciones; así, según los defensores de la sublevación, es el propio Gobierno quien arrasa la Constitución al armar a quienes no se habían sublevado contra el orden constitucional, obviando que los primeros y los únicos que arrasaron la Constitución fueron quienes se enfrentaron a ella a través de un Golpe de Estado. El Gobierno no cede, como afirma Pío Moa, ante ninguna presión revolucionaria: el Gobierno se limita a defender el orden constitucional intentando suplir a quienes estaban obligados a hacerlo, que no eran otros que Francisco Franco Bahamonde y el resto de militares que se le unieron para aniquilar esa Constitución, que fue la que les habilitó para disponer del armamento que utilizaron después contra ella.

Pero vayamos a los datos concretos. El asesinato de José Calvo Sotelo el 13 de Julio de 1936 se produjo unas horas después del asesinato del Guardia de Asalto José del Castillo Sáenz de Heredia, activo militante del Partido Socialista, y pocas semanas después de varios discursos parlamentarios incendiarios del propio Calvo Sotelo en los que llegó a decir que «sería loco el militar que al frente de su destino no estuviera dispuesto a sublevarse en favor de España y en contra de la anarquía, si ésta se produjera»; sus palabras (pronunciadas el 16 de Junio de 1936) toman pleno significado si atendemos tanto a los hechos anteriores como al resto de su línea argumental parlamentaria: «No existe garantía para la vida en la calle, y amenaza la disolución social, y muchedumbres uniformadas gritan ‘¡Patria, no! ¡Patria, no!’; a los vivas a España se contesta con vivas a Rusia, y se falta al honor del Ejército, y se escarnece a España. […] Desde el 16 de febrero al 2 de abril se han producido los siguientes asaltos y destrozos; en centro políticos, 58; en establecimientos públicos y privados, 72; en domicilios particulares, 33; en iglesias, 36. Centros políticos incendiados, 12; establecimientos públicos y privados, 45; domicilios particulares, 15; iglesias, 106, de las cuales 56 quedaron completamente destrozadas; huelgas generales, 11; tiroteos, 39; agresiones, 65; atracos, 24; heridos, 345; muertos, 74…». La anarquía ya se estaba produciendo, según el discurso de José Calvo Sotelo, varios meses antes (esta última cita es del 7 de Abril de 1936) de que pronunciara aquella invitación a la sublevación militar.

Pero, además, sus palabras ya estaban avaladas por los hechos; así, antes de las Elecciones de Febrero de 1936 (cuyas perspectivas para la derecha eran poco halagüeñas) se entrevistó con Francisco Franco Bahamonde para instarle a llevar a cabo el Golpe de Estado antes de Febrero en base a esas desastrosas previsiones electorales. No podemos olvidar que Calvo Sotelo llegó a ser Ministro de Hacienda durante la dictadura militar de Miguel Primo de Rivera y que mantenía muy buenas relaciones con el estamento militar y con las organizaciones de extrema derecha; su entrada en Falange fue vetada por José Antonio Primo de Rivera (el hijo del dictador que le nombró Ministro), recelando que la figura de Calvo Sotelo pudiese eclipsar la suya.

Abierto defensor del fascismo (que en Italia ya había anulado el Parlamento y prohibido los partidos políticos desde 1928) en varias ocasiones en el propio Parlamento («Su Señoría [Santiago Casares Quiroga, Ministro de la Guerra desde Mayo de 1936] ha dicho que frente al fascismo el Gobierno es beligerante. Yo me he aterrado un poco al oír la frialdad con que lo decía y el calor con que los señores diputados que acompañan al señor Presidente del Consejo acogían tal afirmación de que el Gobierno se siente beligerante frente a un grupo de ciudadanos españoles»), José Calvo Sotelo era, por lo tanto, parte de la propia conspiración militar en ciernes; como afirmaría el historiador franquista Ricardo de la Cierva en 1969, los «desmandados del Frente Popular que lo eliminaron sabían muy bien lo que hacían y a dónde apuntaban».

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La posterior etapa histórica de España distorsionó considerablemente tanto la relevancia política de José Calvo Sotelo durante la II República (el partido político Renovación Española, al cual pertenecía, era una fuerza minoritaria que representaba a la aristocracia, no siendo ni tan siquiera Calvo Sotelo su líder) como la relevancia real de aquel asesinato respecto a otros; aquel crimen supuso para los golpistas la excusa perfecta para adelantar sus planes y para tener una justificación ante la opinión pública, pero el asesinato de José Calvo Sotelo debe entenderse circunscrito a un continuo goteo de crímenes políticos con víctimas y verdugos tanto de derechas como de izquierdas. De hecho, los crímenes del Teniente Castillo y de Calvo Sotelo tuvieron en su día la misma relevancia mediática, como puede observarse en la portada del diario La Voz del mismo 13 de Julio de 1936 (este periódico se publicaba por la noche, por lo que recogió ambos crímenes en una misma portada).

Para entender aquella permanente situación de conflictos no puede obviarse que tanto España como el resto de países occidentales estaban pasando por la mayor crisis económica del sistema capitalista (el crack del 29 se produjo apenas 18 meses antes de instaurarse la II República) y que el principal problema social era la pobreza; la carestía, unida a la reducida protección de la que gozaban los trabajadores, explica las situaciones de violencia que afectaron a un gran número de huelgas. No hay que olvidar que fue esa carestía la que hizo triunfar las políticas extremistas en el resto de Europa, como el fascismo en Italia, el comunismo en Rusia o el nacionalsocialismo en Alemania.

La justificación del Golpe de Estado como respuesta a Octubre de 1934

Visto que el asesinato de José Calvo Sotelo no es un argumento suficientemente robusto para justificar un Golpe de Estado, los defensores del alzamiento nacional de 1936 se remontan a las revueltas revolucionarias de Octubre de 1934 para ampliar su argumentación:

«El golpe de Estado de Largo Caballero y el PSOE es considerado como el inicio de la Guerra Civil de 1936-1939». Eduardo Palomar Baró en el artículo Biografía de Largo Caballero de la Web Generalísimo Franco.

El 3 de Diciembre de 1933 la derecha (integrada en parte en la CEDA) gana las Elecciones; muere un comunista por un disparo desde la sede de Acción Nacionalista Vasca en Baracaldo, asesinan al Presidente del gremio de vaqueros de Puente de Vallecas, queda gravemente herido un socialista de Pego (Alicante) por un disparo realizado por el derechista José Ortola Alcina, acuchillan a un socialista en Paracuellos del Jarama… Se siguen clausurando locales de la C.N.T. y de la Falange, hacen explosión tres bombas en Madrid y se detiene al Comité de Huelga de Camareros. En Madrid ganan las Elecciones los socialistas, quienes acusan a la derecha de fraude electoral en los pueblos y ciudades pequeñas del resto de España mediante la compra de votos. Estas eran las noticias (pueden consultarse El Socialista o El Debate de las dos jornadas posteriores a aquellas Elecciones) de cada día en la España de 1933; en España, pero también en el resto del mundo, en una época en la que las diferencias personales se solventaban, con demasiada asiduidad, a cuchillazos, a tiros o a bombazos.

Hitler ya estaba en el poder aprovechando el sistema electoral alemán, Mussolini gobernaba en Italia desde hacía una década y la función de los campos de concentración nazis ya era conocida (ver el Editorial de El Socialista del 6 de Diciembre de 1933, en el que se habla de las condiciones extremas, las torturas y las muertes en extrañas circunstancias en el campo de concentración de Dachau, con 2.500 judíos, socialistas y comunistas detenidos en aquellas fechas); por otra parte, la dictadura del proletariado implantada en la U.R.S.S. amenazaba con extenderse al resto de Europa, sobre todo tras el cataclismo capitalista de la Gran Depresión de 1929, si bien la sustitución del expansionismo internacional de Lenin por la burocratización en clave interna de Stalin rebajó notablemente esta amenaza. La radicalización de las posturas políticas de los partidos que quedaban fuera de ambos extremos se produjo como consecuencia de las mutuas acusaciones a sus rivales políticos de querer instaurar en España bien una dictadura fascista o bien una dictadura comunista.

El fallido Golpe de Estado del 10 de Agosto de 1932 encabezado por José Sanjurjo Sacanell (condenado a cadena perpetua por esa sublevación) y su posterior amnistía (dictada por el Gobierno de derechas que saldría de las Elecciones de 1933) radicalizó aun más las posturas de los partidos de izquierdas, que vieron en esa amnistía algo más que un compadreo inadmisible entre las derechas y los elementos más reaccionarios contra el orden constitucional de la II República. De hecho, las previsiones de los partidos de izquierda se vieron plenamente cumplidas: José Sanjurjo era quien debía asumir la Jefatura del Estado tras el Golpe del 18 de Julio de 1936 (murió en un accidente de aviación dos días después de la sublevación y el general Emilio Mola lo tuvo que sustituir por Francisco Franco Bahamonde) y otros militares amnistiados junto a él (como Manuel Goded Llopis) participaron activamente en el alzamiento militar que dio origen a la Guerra Civil.

Por supuesto, los defensores del Golpe de Estado de 1936 minimizan aquel Golpe de Estado de 1932, ya que, como veremos, aceptar la relevancia histórica del mismo supondría el desmoronamiento irremisible de la línea argumental que lleva a culpabilizar a los movimientos revolucionarios de 1934 de la Guerra Civil:

«Sanjurjo había contribuido al advenimiento de la República en mucha mayor medida que los líderes republicanos, empezando por Azaña. Estando al cargo de la Guardia Civil de la Monarquía [Pío Moa evita referirse a la dictadura militar de Primo de Rivera], se había negado a emplearla contra las incipientes manifestaciones, y enseguida se había puesto a las órdenes de los republicanos.

[…]

Tampoco puede hablarse, en relación con la sanjurjada, de un golpe “de la derecha”, sino de un sector mínimo de ella, siendo repudiado por el sector principal». Pío Moa, en el artículo “El golpe de Sanjurjo” de la serie “Una visión crítica de la República y la Guerra Civil”, publicado en Libertad Digital.

Ya tenemos una visión de conjunto de la situación social y política de la II República tras el triunfo de la derecha en los últimos días de 1933; podemos entrar ahora en los hechos detallados que acaecieron los días y los meses posteriores a aquellas Elecciones.

Entre los días 8 y 11 de Diciembre de 1933 se producen graves altercados, con varios muertos y numerosos heridos, iniciados unilateralmente por la FAI; los partidos de derecha no dudan en hacer responsables de dichos altercados a toda la izquierda, incluidos el PSOE y la UGT, argumentando que se trataba de una reacción a la pérdida de las Elecciones. Las Comisiones Ejecutivas del PSOE y de la UGT emitieron un comunicado conjunto (publicado en El Socialista del día 12) en el que negaban cualquier relación con aquella llamada a la revolución:

«Reunidas conjuntamente las Comisiones ejecutivas del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores, han examinado la situación política y social del actual momento ateniéndose a las informaciones que poseen. La gravedad de dicha situación no sólo no se les oculta ni pretenden silenciarla, sino que la reconocen y subrayan.

Al hacerlo así declaran que los organismos nacionales a quienes estas Comisiones ejecutivas representan no han tenido ni tienen participación alguna en el movimiento iniciado en diversas poblaciones de España por determinado sector obrero, y consideran que la responsabilidad de que se haya producido el antedicho movimiento corresponde plenamente al Gobierno y a las personalidades y partidos políticos que, por su menosprecio de las reivindicaciones sociales, han desviado la República de aquellos cauces en que la voluntad del pueblo la situó.

Las Ejecutivas reiteran a la clase trabajadora afecta a nuestros organismos, y a la opinión pública en general, su firme decisión de cumplir, cuando la hora sea llegada, los deberes que nuestros representados y nuestros ideales nos imponen». Nota de prensa de las Comisiones Ejecutivas del PSOE y de UGT, extraída de la portada de El Socialista del 12 de Diciembre de 1933.

Con motivo de esa revuelta anarquista se suscitó un debate interno que clarifica las intenciones tanto del PSOE como de la UGT tras la pérdida de las Elecciones; en el Comité Nacional de UGT del día 13, que dio su pleno respaldo a la nota de prensa conjunta de las Comisiones Ejecutivas, surgieron los dos conceptos de revolución que se barajaban en las filas socialistas en aquellas fechas:

«Besteiro: Las Comisiones ejecutivas, como ustedes saben, se han reunido y han dado una nota y en ella se dice que la Unión General de Trabajadores y el Partido Socialista están dispuestos a una acción para oponerse resueltamente a cualquier intento que trate de salirse de los cauces constitucionales. Yo estoy completamente de acuerdo y el Comité ejecutivo de la Unión General de Trabajadores está completamente de acuerdo con esta posición y a mí me parece que cualquiera otra es una posición endeble y que tiene los mayores peligros para nuestra organización. (…) Si hay alguna perspectiva de que tengamos un ambiente favorable, no puede consistir en otra cosa sino en decir que nosotros estamos dispuestos a hacer una defensa todo lo arriesgada que sea preciso para mantener la República con su fisonomía y con la Constitución tal como la hemos trazado.

[…]

Ya saben ustedes que acaso yo sería uno de los que estarían menos conformes con muchas partes de la Constitución, la cual se ha redactado en muchos puntos de una manera hasta opuesta a mi modo de ver las cosas. Sin embargo, creo que una vez que la Constitución se ha votado y que la tenemos y que la Constitución marca el procedimiento por el cual únicamente puede reformarse, nosotros debemos procurar que esa garantía subsista.

[…]

Pero si podemos en este instante tener algún arma para defendernos, ésta es el arma de las garantías que nos ofrece el Estado democrático más o menos puro que hemos creado. Tendremos que pasar por momentos difíciles y tendremos, dentro de este marco de democracia republicana, luchas tremendas. Ya sabemos cuales son los aspectos de esa lucha: una lucha parlamentaria y una lucha sindical. ¿Que la lucha sindical puede ser muy fuerte? Todo lo que se quiera. Habrá Federaciones, habrá Secciones que tengan conflictos graves, y puede ser que en algunos momentos se extiendan los c0nflictos y sean batallas sindicales enormes. Debemos estar dispuestos a arrostrarlas. No renunciamos a ninguna de nuestras armas, pero vamos a hacer todo lo posible porque estas conquistas que hemos logrado mediante nuestro esfuerzo de muchos años y de muchos sacrificios se mantengan.

[…]

En cuanto a la posición nuestra y nuestros propósitos, éstos son oponernos resueltamente a todo intento de rebasar los límites de la Constitución.

[…]

Amaro Rosal: El compañero Besteiro dice que tenemos una garantía con la Constitución. Eso de la garantía de la Constitución, a estas alturas, me parece que no se ajusta a la realidad. Los alemanes eran tan cándidos que cuatro días antes de caer discutían si uno de los Gobiernos había sido destituido legal o ilegalmente, y cuatro días después de eso subía al poder Hitler. De modo que eso de la garantía de la Constitución no puede existir para nosotros.

[…]

También dice que una de las garantías para nosotros es el Estado moderno democrático que habíamos creado. Me parece que no haría falta andar en disquisiciones históricas para demostrar que a la clase trabajadora este Estado democrático creado por nosotros ya deja de servirla en cuanto la República entra en declive.

[…]

Yo hago una proposición concreta de que acordemos ir a un movimiento revolucionario para defender los intereses de la clase trabajadora que están en peligro.

Saborit: No hay acuerdo de implantar la dictadura del proletariado. El acuerdo unánime es hacer un movimiento contra todo intento de aplicación en España del fascismo.

[…]

El acuerdo de las Ejecutivas es éste: organizar desde ahora mismo, sin perder detalle, un movimiento de la Unión General y del Partido para hacer frente al fascismo en España, para impedir que puedan realizar aquí lo que ha sucedido en Alemania, para salvaguardar nuestras garantías de la Constitución y de la República. (…) Lo que ocurre es que no se va a decir que el movimiento es para implantar la dictadura del proletariado, porque no es para eso: es para hacer frente al fascismo. (…) A un movimiento para implantar la dictadura del proletariado, yo no voy porque no creo en eso. Para un movimiento contra el fascismo yo sí voy. Y porque, además, en ningún Congreso ha acordado el Partido Socialista defender la dictadura del proletariado, ni acabar con la democracia, ni con el Parlamento. En ninguno, ni nacional ni internacional.

[…]

Besteiro: Yo no tengo inconveniente en participar a ustedes que a mí la idea de que podamos hacer un movimiento para implantar el socialismo mediante la dictadura del proletariado, ni siquiera para gobernar los socialistas por su propia cuenta en burgués o en socialista, reformista o en socialista totalitario, me parece un absurdo imposible en las circunstancias actuales.

[…]

Amaro Rosal: Yo me ratifico en mi posición, que está, naturalmente, encajada en la concepción de que tenemos que prepararnos para la ofensiva, por la lucha, la amenaza o el ataque.

[…]

Muiño: Creo que nos separa al compañero Amaro Rosal y a mí una cuestión ideológica, no de táctica, porque lo que acabo de oír es la concepción comunista maximalista». Acta del Comité Nacional de la Unión General de Trabajadores del 13 de Diciembre de 1933.

La propuesta de Amaro Rosal sólo fue votada favorablemente por su propia Federación (la de Banca y Bolsa) y por la de Empleados de Oficina (representada por Félix Beltrán), siendo rechazada por las otras 34 Federaciones presentes en el Comité Nacional y por la Ejecutiva; el 94,45% de la UGT estaba, por lo tanto, totalmente en contra de saltarse la Constitución para llegar a la implantación real del socialismo. Puesto que estamos ante un foro de debate interno, cuyas deliberaciones quedaban restringidas al ámbito de la propia UGT, habremos de considerar que la postura de este sindicato tras la pérdida de las Elecciones de 1933 es la reflejada en esa Acta; y no hay que olvidar que Julián Besteiro Fernández formaba parte también de la Comisión Ejecutiva del PSOE, siendo cabeza de lista del Partido Socialista en aquellas Elecciones.

¿Qué ocurrió para que cambiase la postura del entorno socialista respecto a ese concepto de revolución desde finales de 1933 hasta Octubre de 1934? ¿Qué hechos ocurrieron para que cambiase el socialismo desde la claramente mayoritaria postura de Besteiro –revolución defensiva para salvar la Constitución a toda costa– a la minoritaria de Amaro Rosal –revolución ofensiva para tomar el poder aun en contra de la Constitución y de la República– en esos diez meses?

En el Comité Nacional de la UGT del 27 de Enero de 1934 (poco más de un mes después de aquella derrota de las tesis más revolucionarias) se discutió y votó de nuevo el camino que debía tomar el sindicalismo socialista: la ofensiva revolucionaria para instaurar la dictadura del proletariado (propuesta por la Comisión Ejecutiva del PSOE) o la oposición, frontal pero defensiva, a cualquier avance del fascismo en España (propuesta por la Comisión Ejecutiva de la UGT). Los resultados de la votación mostraron un vuelco completo a las posiciones socialistas de un mes antes: 33 votos a favor de la propuesta revolucionaria del PSOE y 2 votos en contra.

La respuesta la encontramos ante las similitudes entre el ascenso de Hitler al poder (el 30 de Enero de 1933 fue nombrado Canciller con el 34% de los parlamentarios) y las veladas pretensiones de algunos líderes de la derecha española («Llegado el momento, el Parlamento o se somete o le hacemos desaparecer. (…) Queremos una patria totalitaria; (…) la política unitaria y totalitaria la tenemos en nuestra gloriosa tradición», José María Gil-Robles y Quiñones de León, líder de la CEDA, en un discurso pronunciado el 15 de Octubre de 1933, unas semanas antes de las Elecciones que ganaría dicha formación política con el 24,3% de los escaños); Hitler suspendió, en apenas un mes desde su llegada al poder, la libertad de expresión, el respeto a la propiedad privada, la libertad de prensa, la inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia y de las conversaciones telefónicas y la libertad de reunión y asociación, además de ilegalizar la principal fuerza comunista (la KPD) y enviar a sus dirigentes a los recientemente creados campos de concentración. Para el 5 de Marzo de 1933 convocó nuevas Elecciones para aprovechar los resortes del poder, pero sólo obtuvo el 44% de los escaños; para lograr la mayoría que necesitaba para modificar la Constitución, arrestó a todos los diputados comunistas y a algunos socialistas, dictando a continuación (el 23 de Marzo) una Ley que anulaba temporalmente (obviamente, esa temporalidad no finalizó nunca) al Parlamento. Finalmente, el 2 de Mayo fueron disueltos todos los sindicatos obreros alemanes (un referente para los sindicalistas españoles) y enviados sus líderes a campos de concentración, el 10 de Mayo se confiscaron todas las propiedades del Partido Socialdemócrata y se cerraron sus periódicos (y sus líderes, como era de esperar, acompañaron a los líderes comunistas a los campos de concentración) y el 14 de Julio se aprobó la Ley del partido único.

La CEDA cedió el poder en Diciembre de 1933 al Partido Radical de Alejandro Lerroux (entre ambos sumaban el 45,9% de los escaños), segunda fuerza política en escaños (21,6%) y tercera en votos (8,20% frente al 20,18% del PSOE); los primeros pasos dados por el nuevo Gobierno fueron la derogación provisional de la Ley de Términos Municipales (que había permitido a los campesinos aprovechar tierras hasta entonces desaprovechadas), la modificación de los Juzgados Mixtos (una especie de juntas de arbitraje laboral integradas por empresarios y trabajadores), la supresión de los salarios mínimos en el campo y en la industria, el desahucio de miles de pequeños arrendatarios del campo, la devolución a los aristócratas de parte de las tierras expropiadas por la Ley de Reforma Agraria… El estado de alarma (con restricciones a la libertad de prensa, de reunión, de huelga y de otros derechos fundamentales) fue impuesta desde el primer momento por el nuevo Gobierno, censurando y confiscando numerosa prensa izquierdista (como El Socialista, intervenido en 51 ocasiones durante los primeros meses del nuevo Gobierno, o Avance, intervenido en más de 90 ocasiones); la represión sobre los huelguistas quedaba silenciada por la censura, incrementando la rumorología y las inevitables exageraciones; el paro había alcanzado cifras récord en Abril con más de 700.000 parados forzosos…

La sensación entre la izquierda era que la CEDA pretendía imponer un Estado fascista desde la sombra, dirigiendo a su antojo a un Gobierno que necesitaba de sus votos para poder gobernar, evitando de esa forma el inevitable desgaste producido por los continuos retrocesos legislativos, sociales y laborales gubernamentales: la República surgió como la solución a la sociedad semi-feudal que aun pervivía en España a principios de siglo (siendo los terratenientes los principales herederos de los señores feudales, con el caciquismo ampliamente instaurado en toda España y con la aristocracia, el estamento militar y la Iglesia copando permanentemente el poder) y el triunfo de la derecha el 3 de Diciembre de 1933 suponía que esa misma República que debía romper con el arcaico sistema anterior iba a servir para volver a dar el poder a los terratenientes, a la aristocracia, al ejército y al clero. En definitiva, que aquella frase del minoritario Amaro Rosal en el Comité Nacional de la UGT del 13 de Diciembre de 1933 («a la clase trabajadora este Estado democrático creado por nosotros ya deja de servirla en cuanto la República entra en declive») acabó siendo asumida plenamente también por el moderado Indalecio Prieto, quien en el verano de 1933 había pedido a las Juventudes Socialistas que calmaran los ánimos.

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Ese temor a que la CEDA de Gil-Robles acabara convirtiendo la democracia republicana en un régimen fascista, como los casos de Italia y del más reciente de Alemania (cuyos regímenes eran visitados asiduamente por los líderes derechistas como el propio Gil-Robles –acudió a las celebraciones del 1 de Mayo de 1933 a Alemania, el día antes de la ilegalización de todos los sindicatos obreros alemanes– o Calvo Sotelo –en Febrero de 1933 se entrevistó con diversas personalidades políticas y eclesiásticas italianas–), llevaron al PSOE a aceptar la radicalización de su discurso para agitar a las masas y crear el clima necesario para tomar el poder ilegalmente y evitar así la transformación de un estado democrático en otro estado fascista; aquella primera radicalización del socialismo se fue asentando conforme se iban sucediendo hechos que no hacían más que confirmar aquellos temores, como la ilegalización del partido socialista y de los sindicatos también en Austria el 17 de Febrero de 1934.

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La inclusión, el 4 de Octubre de 1934, de tres ministros de la CEDA en las carteras de Justicia, Trabajo y Agricultura fueron el detonante definitivo de la creciente radicalización de las izquierdas.

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¿Había motivos suficientes para levantarse contra la propia República en Octubre de 1934? Evidentemente, desde nuestra perspectiva histórica, no. ¿Dio inicio ese levantamiento a la Guerra Civil española? Pues, por mucho que se quiera repetir lo contrario, lo cierto es que ese fue uno más (y el único protagonizado por las fuerzas de izquierda) de los múltiples intentos de Golpe de Estado que se produjeron durante la República (la Sanjurjada de 1932, otro intento militar a finales de 1935 –con el apoyo de una parte de la CEDA, el partido mayoritario de derechas que estaba en el gobierno–, otro en Febrero de 1936 –ya con Franco y Goded como protagonistas, siendo avisado de ello el gobierno saliente de derechas– y el que resultaría definitivo en Julio de 1936, en el que participaron todos los más destacados militares de los intentos anteriores); achacar a esa intentona golpista de la izquierda el inicio de la Guerra Civil e ignorar los numerosos y reiterados intentos militares de tomar el poder por las armas parece responder más a una cuestión de tozudería en intentar demostrar una imposible exculpación de los responsables del golpe militar que dio origen a la Guerra Civil que en un ejercicio de interpretación histórica de los hechos. De hecho, esos reiterados intentos golpistas del ejército (alentados por los medios de derechas como ABC, que en su editorial del 30 de Noviembre de 1932, apenas tres meses después de la Sanjurjada, llamaba “figura gloriosa” al golpista Sanjurjo) ponen de manifiesto que los militares y una parte importante de la derecha intentaron derrocar la democracia republicana desde principio a fin, hasta que lo consiguieron en 1936, por lo que la Guerra Civil sólo se hubiese podido evitar si la izquierda hubiese aceptado sin más cualquiera de los golpes de estado que intentó la derecha política y militar.

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La pregunta que cabría hacerse es la misma que la que se ha planteado para el intento golpista de Octubre de 1934: ¿había motivos suficientes para levantarse en armas contra la República en 1932, en 1935 y en 1936? Y la respuesta ha de ser obligadamente la misma, aunque haya quien pretenda buscar una justificación (como la buscan aun a día de hoy a la intentona golpista del 23-F, o como sin duda habrá quien la quiera buscar a la actual situación política, económica y social) a lo injustificable.